Japón ha promulgado una ley revisada para combatir la difamación en línea, que exige a las plataformas de redes sociales como Facebook y X establecer puntos de contacto claros para las solicitudes de eliminación y divulgar sus criterios de eliminación. Este cambio se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto del abuso en línea, impulsadas por incidentes como el suicidio en 2020 de la luchadora Hana Kimura y la propagación de desinformación que afecta a las elecciones recientes.
Un cambio legal significativo ha ocurrido en Japón con respecto a la difamación en línea, con una ley revisada que entró en vigor el martes. Esta nueva legislación, ahora conocida como la ley de plataformas de distribución de información y anteriormente la ley de limitación de responsabilidad de los proveedores, está específicamente diseñada para agilizar el proceso de eliminación de contenido difamatorio de las plataformas de redes sociales. Un requisito fundamental de esta ley actualizada es el mandato para que los operadores de plataformas establezcan y publiciten claramente puntos de contacto accesibles para las personas que buscan la eliminación de publicaciones dañinas. Esto aborda un problema crítico que enfrentan las víctimas de difamación en línea, quienes a menudo luchaban por navegar procedimientos de eliminación poco claros y localizar los canales apropiados para denunciar dicho contenido.
Además, la ley revisada impone obligaciones más estrictas a los operadores de plataformas, incluidos los principales actores como Facebook y X. Estas plataformas ahora están legalmente obligadas a desarrollar y divulgar de manera transparente sus criterios específicos para eliminar publicaciones consideradas difamatorias. Esta medida tiene como objetivo aportar claridad y coherencia al proceso de moderación de contenido, empoderando a los usuarios con una mejor comprensión de lo que constituye motivos para la eliminación y cómo las plataformas manejarán tales solicitudes. La anterior falta de transparencia en las reglas de eliminación fue un obstáculo importante para las víctimas que buscaban una acción rápida antes de que el contenido difamatorio pudiera difundirse ampliamente.
El impulso para fortalecer las medidas contra la difamación en línea cobró un impulso considerable tras un trágico evento en 2020. El suicidio de Hana Kimura, una luchadora profesional y miembro del elenco del popular reality show de Netflix “Terrace House”, sirvió como un crudo recordatorio del devastador impacto del acoso en línea. Kimura había sido sometida a una implacable avalancha de mensajes de odio en las redes sociales, lo que puso de manifiesto la urgente necesidad de mecanismos más eficaces para combatir tales abusos y proteger a las personas del daño en línea. Su muerte galvanizó el apoyo público a la acción legislativa para abordar el problema.
Más allá de los casos individuales, la aplicación de esta ley también sigue a las preocupaciones planteadas sobre la posible influencia de la información no verificada en línea en los procesos democráticos. Específicamente, surgieron críticas con respecto a la elección a gobernador de Hyogo en noviembre, donde Motohiko Saito fue reelegido a pesar de haber sido previamente destituido como gobernador debido a acusaciones de abuso de poder contra el personal. La proliferación de información no verificada en línea durante el período electoral alimentó la preocupación de que dicho contenido pudiera influir indebidamente en la opinión pública e impactar en los resultados electorales, lo que subraya aún más la necesidad de que las plataformas asuman la responsabilidad del contenido que alojan.
Además de establecer puntos de contacto claros y divulgar los criterios de eliminación, la ley también introduce plazos específicos para que los operadores de plataformas respondan a las solicitudes de eliminación. Los operadores ahora deben notificar a las personas dentro de un período especificado si una publicación será eliminada. Esto asegura que las víctimas reciban actualizaciones oportunas sobre el estado de sus solicitudes y no se queden en el limbo.
Además, la ley revisada establece procedimientos y plazos claros para la eliminación real de publicaciones difamatorias. Los operadores pueden eliminar dicho contenido si la cuenta que contribuye no presenta ninguna oposición dentro de los siete días posteriores a la notificación por parte de la plataforma. Reconociendo la mayor sensibilidad y el impacto potencial del contenido en línea durante los períodos electorales, la ley reduce significativamente este plazo a solo dos días para las publicaciones relacionadas con las elecciones. Este proceso acelerado para el contenido relacionado con las elecciones refleja la urgencia de abordar la información potencialmente dañina o engañosa que podría influir en el proceso democrático.
La ley japonesa revisada sobre plataformas de distribución de información, impulsada por sucesos como el suicidio de Hana Kimura y preocupaciones sobre la injerencia electoral, obliga a las plataformas de redes sociales a establecer puntos de contacto claros y criterios transparentes de eliminación para contenido difamatorio. Los operadores deben notificar a los usuarios las decisiones de eliminación dentro de plazos específicos, con procesos acelerados para publicaciones relacionadas con elecciones, con el objetivo de frenar la rápida difusión de la difamación en línea.
¿Esta ley realmente fomentará un entorno en línea más seguro, o corre el riesgo de sofocar la libertad de expresión en la búsqueda de proteger a las personas del daño?
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