Una advertencia peculiar se ha extendido por la Agencia de Protección Ambiental: se debe tener cautela con lo que se dice, se escribe y se hace. Esto proviene del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa controvertida lanzada durante el segundo mandato de la administración Trump con el objetivo de recortar el gasto federal y eliminar el despilfarro. DOGE ha expandido rápidamente el uso de la tecnología dentro del gobierno, pero según numerosos informantes, podría estar operando como un estado en la sombra, empleando inteligencia artificial para monitorear las comunicaciones internas y potencialmente suprimir la disidencia.
Una silenciosa advertencia recorrió la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a principios de enero, no a través de canales oficiales, sino susurrada entre el personal. El mensaje era claro: sean cautelosos con lo que dicen, escriben y hacen. No se trataba de un nuevo código de conducta, sino de una nueva forma de vigilancia, supuestamente impulsada por inteligencia artificial e implementada por un equipo que trabaja directamente bajo Elon Musk. Esta supuesta vigilancia es una preocupación clave en torno al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un controvertido instrumento de la segunda administración Trump, fue lanzado ostensiblemente para recortar $1 billón en gastos federales y eliminar “despilfarro, fraude y abuso”. Sin embargo, según casi 20 personas internas y cientos de páginas de documentos judiciales revisados por Reuters, las acciones de DOGE parecen ser menos sobre reforma y más sobre el establecimiento de un “estado en la sombra”. Esto sugiere una operación clandestina que opera fuera de las normas y la supervisión gubernamentales tradicionales.
En el centro de la controversia se encuentra el supuesto uso de IA por parte de DOGE para monitorear las comunicaciones internas dentro de al menos una agencia federal. Tres fuentes familiarizadas con las discusiones internas en la EPA afirman que los agentes de DOGE están desplegando herramientas para escanear los chats y correos electrónicos de Microsoft Teams en busca de sentimientos considerados hostiles a Trump o Musk. Una fuente con conocimiento directo de la guía interna de la EPA declaró explícitamente: “Nos han dicho que están buscando lenguaje anti-Trump o anti-Musk”. Esto indica un enfoque en la lealtad política y personal en lugar de una vigilancia puramente impulsada por la eficiencia.
Si bien los funcionarios de la EPA reconocieron la exploración de la IA para “optimizar las funciones de la agencia”, negaron usarla para decisiones de personal. No obstante, el clima dentro de la agencia ha cambiado demostrablemente. Desde enero, más de 600 trabajadores han sido puestos en licencia, y la agencia se está preparando para un recorte presupuestario drástico del 65%. Los expertos en ética ven esto como una importante señal de alerta con respecto a la libertad de expresión y la posible intimidación política dentro de las instituciones federales. Kathleen Clark, profesora de la Universidad de Washington en St. Louis, lo caracterizó como un “abuso del poder gubernamental para suprimir o disuadir la expresión que al presidente de los Estados Unidos no le gusta”, destacando el potencial de enfriamiento de la disidencia.
A las preocupaciones sobre las operaciones de DOGE se suma el secreto generalizado que rodea sus actividades. Según los informes, el personal se comunica rutinariamente utilizando la aplicación de mensajería encriptada Signal, que permite que los mensajes desaparezcan. Esta práctica podría violar las leyes federales de mantenimiento de registros, que exigen la documentación de las comunicaciones oficiales. Esta es la misma aplicación donde el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mike Waltz, incluyó por error a un periodista en un chat grupal sobre los planes de ataques estadounidenses en Yemen, según informó The Guardian. Kathleen Clark enfatiza la posible ilegalidad de esta práctica, afirmando: “Si están usando Signal y no respaldan cada mensaje en archivos federales, entonces están actuando ilegalmente”.
Además, se dice que los empleados de DOGE también colaboran en documentos oficiales a través de Google Docs compartidos. Este método elude los procedimientos de investigación y las cadenas de custodia tradicionales, lo cual es muy inusual para el desarrollo de políticas gubernamentales, donde las ediciones suelen registrarse y ser rastreables. Esta falta de transparencia en la creación de documentos alimenta aún más las preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la supervisión dentro de DOGE.
Estas prácticas son parte de un patrón más amplio de eludir los procedimientos establecidos. Después de que el equipo de Musk supuestamente se hiciera cargo de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en enero, bloquearon a más de 100 empleados técnicos de los sistemas clave en la nube, incluidas las bases de datos que contienen información confidencial sobre millones de empleados federales actuales y anteriores. Actualmente, solo dos personas conservan el acceso a estos datos críticos: un trabajador federal de larga data y Greg Hogan, un nombramiento político y exejecutivo de una startup de IA que ahora se desempeña como director de información de la OPM. Esta concentración de acceso plantea importantes preocupaciones de seguridad y privacidad.
El alcance total del aparato tecnológico de DOGE sigue sin estar claro. Los expertos informan sobre el “fuerte” despliegue del chatbot de IA de Musk, Grok, como parte de la misión de reducción de costos. Sin embargo, las funciones específicas que Grok realiza dentro de los sistemas gubernamentales no se entienden completamente, incluso para algunos que trabajan con él. Elon Musk, que tiene un estatus especial de empleado del gobierno, está legalmente prohibido de usar su cargo para beneficio personal o de la empresa. Sin embargo, las líneas parecen estar difuminándose. Una persona con conocimiento directo de los planes anteriores de Musk declaró que imaginaba usar datos gubernamentales para “construir el sistema de IA más dinámico de la historia”, potencialmente capaz de “hacer el trabajo” de los servidores públicos. Esto plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y la privatización de las funciones gubernamentales.
La administración Trump afirma que DOGE está exento de las leyes de registros públicos porque opera bajo la Oficina Ejecutiva del Presidente. Sin embargo, un juez federal no estuvo de acuerdo y ordenó a DOGE el 10 de marzo que comenzara a entregar registros al grupo de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Hasta ahora, no se han proporcionado documentos, lo que destaca aún más la falta de transparencia y la posible desobediencia a las órdenes judiciales.
Para algunos, el proyecto DOGE representa un esfuerzo de modernización necesario para llevar al gobierno federal a la era digital, reconociendo la naturaleza obsoleta e ineficiente de los sistemas informáticos heredados. Sin embargo, los críticos argumentan que esta modernización se está produciendo a expensas de la transparencia, las normas legales y los derechos de los funcionarios públicos. Sostienen que la administración está reemplazando a los expertos de carrera con leales, desmantelando las salvaguardas institucionales y aprovechando las nuevas tecnologías para perseguir objetivos ideológicos. Kathleen Clark resume sucintamente esta preocupación, afirmando: “Esto no se trata solo de eficiencia. Se trata de poder: quién lo tiene, quién observa y quién es observado”. A medida que la influencia de DOGE se expande por las agencias federales, la línea divisoria entre la disrupción de Silicon Valley y la rendición de cuentas del gobierno se está erosionando rápidamente, dejando gran parte de sus operaciones ocultas al escrutinio público. A pesar del secreto, las señales de su impacto son cada vez más fuertes.
El artículo detalla el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado bajo la administración Trump con el objetivo de reducir el gasto federal. DOGE, supuestamente ayudado por el equipo de Elon Musk y utilizando herramientas de IA como Grok, es acusado de monitorear las comunicaciones internas del gobierno en busca de disidencia hacia Trump o Musk, potencialmente violando la libertad de expresión y las leyes de registro. El secretismo rodea las operaciones de DOGE, con personal utilizando aplicaciones de mensajería encriptada y eludiendo los procedimientos de investigación tradicionales, lo que genera preocupación sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la instrumentalización de la tecnología dentro del gobierno. La erosión de la transparencia exige un escrutinio inmediato y una supervisión sólida para salvaguardar los principios democráticos y proteger los derechos de los funcionarios públicos.
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