Hace unas semanas, mi colega Doris Burke y yo quedamos impactados por un artículo del New York Times que detallaba cómo Starlink, de Elon Musk, donó servicio de internet a la Casa Blanca. Esto hizo eco de una investigación previa que llevamos a cabo sobre acuerdos entre Microsoft y la administración Biden, revelando un patrón preocupante: ofertas aparentemente generosas y “gratuitas” a menudo conllevan condiciones ocultas que pueden atar a las agencias gubernamentales a costosos contratos a largo plazo, eludiendo la competencia justa y sofocando la innovación.
La reciente donación de Starlink a la Casa Blanca, aunque aparentemente altruista, se hace eco de un patrón preocupante de empresas tecnológicas que eluden los procesos estándar de adquisición gubernamental, una práctica observada previamente con Microsoft. Esta “donación” de servicio de internet por parte de SpaceX de Elon Musk, según informó The New York Times, inmediatamente levantó banderas rojas para el autor y la colega Doris Burke, recordándoles una situación similar que investigaron el año pasado relacionada con Microsoft y la administración Biden. El problema central, como destaca el autor, es que las ofertas “gratuitas”, particularmente en el contexto gubernamental, a menudo conllevan una trampa significativa, lo que en última instancia conduce al bloqueo de proveedores y a la reducción de la competencia.
Profundizar en el caso de Microsoft proporciona un claro precedente de las posibles implicaciones de la donación de Starlink. Microsoft inició sus “actualizaciones de ciberseguridad y servicios de consultoría gratuitos” al gobierno federal en 2021, aparentemente en respuesta al llamado del presidente Biden a mejorar las defensas cibernéticas. Sin embargo, documentos internos de la empresa y testimonios de exempleados revelaron una motivación más estratégica, impulsada por las ganancias. Esta “Oferta de la Casa Blanca”, como se conocía internamente, estaba diseñada para enganchar a las agencias federales con servicios gratuitos, sabiendo que una vez que terminara el período de prueba, el costo y la complejidad de cambiar a un competidor los encerrarían efectivamente en la continuación de los servicios de pago de Microsoft.
Los exempleados de Microsoft fueron sinceros sobre la estrategia de la empresa, comparándola con un camello que ofrece muestras gratuitas. Un empleado declaró explícitamente: “Si te damos el crack, y tomas el crack, disfrutarás del crack… Y luego, cuando llegue el momento de que nos llevemos el crack, tus usuarios finales dirán: ‘No me lo quites’. Y te verás obligado a pagarme”. Esta cruda analogía subraya la naturaleza manipuladora de la táctica, donde la “donación” inicial es simplemente un medio para crear dependencia y asegurar futuros flujos de ingresos.
Las predicciones internas de Microsoft resultaron acertadas. Tras la conclusión de las pruebas gratuitas, una parte significativa del gobierno federal optó por conservar las actualizaciones y comenzó a pagar las tarifas de suscripción más altas. Este resultado se tradujo en miles de millones de dólares en ventas futuras para Microsoft, lo que demuestra la eficacia de su estrategia para convertir las “donaciones” iniciales en lucrativos contratos a largo plazo.
Si bien Microsoft sostiene que sus acuerdos con el gobierno se “persiguieron éticamente y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones federales”, y que su objetivo principal era “mejorar la postura de seguridad de las agencias federales”, los expertos en contratación gubernamental ofrecen una perspectiva diferente. Jessica Tillipman, decana asociada de estudios de derecho de contratación gubernamental en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, argumenta que estas maniobras son legalmente endebles y socavan fundamentalmente el proceso de licitación competitiva. Este proceso, una piedra angular de la contratación gubernamental, está diseñado para garantizar que el gobierno obtenga los mejores bienes y servicios al mejor valor solicitando propuestas de múltiples proveedores. Al eludir este proceso, empresas como Microsoft y, potencialmente, Starlink, excluyen a los rivales y sofocan la innovación dentro de la industria.
La preocupación se extiende más allá de Microsoft y Starlink, como destaca Tillipman. Ella enfatiza que “Cada vez que se hace esto, es una puerta trasera alrededor de los procesos de competencia que aseguran que tengamos los mejores bienes y servicios de los mejores proveedores”. Este sentimiento es particularmente relevante a la luz de los recientes comentarios del secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien parece abogar por la normalización de tales relaciones de proveedores “gratuitas”.
Lutnick, durante una aparición en un podcast, planteó el concepto de un proveedor “gratuito” que “da productos al gobierno”, sugiriendo que tales donantes no “tendrían que pasar por todo el proceso de convertirse en un proveedor adecuado porque se lo están dando”. Agregó además que estos donantes no necesitarían “firmar el formulario de conflicto y todo eso porque no están trabajando para el gobierno. Simplemente están dando cosas al gobierno”. Estas declaraciones sugieren un posible cambio hacia el fomento activo de un sistema que elude las regulaciones de adquisición establecidas, lo que genera más preocupaciones sobre la transparencia y la equidad.
Elon Musk, quien está clasificado como un “empleado especial del gobierno” no remunerado, ha adoptado públicamente este enfoque, ofreciendo sus servicios y productos de sus empresas “sin costo para el contribuyente”. La donación de Starlink a la Casa Blanca es solo un ejemplo; en febrero, SpaceX proporcionó 4.000 terminales Starlink a la Administración Federal de Aviación de forma gratuita. Si bien la intención declarada es beneficiar al gobierno y a los contribuyentes, el “juego final” subyacente sigue siendo un motivo de preocupación, particularmente dado el precedente establecido por Microsoft.
La ley federal históricamente ha intentado restringir las donaciones al gobierno, principalmente para mantener la supervisión del gasto y evitar situaciones en las que los “servicios voluntarios” pudieran conducir posteriormente a solicitudes de pago. La Ley Antideficiencia, una versión de la cual todavía está en vigor, se promulgó para evitar que el personal de la rama ejecutiva celebre contratos sin la financiación necesaria del Congreso. Sin embargo, una exención de 1947 de la Oficina de Contabilidad General (ahora GAO) permitía los “servicios gratuitos” siempre que hubiera un acuerdo escrito por adelantado que renunciara al pago.
Microsoft utilizó esta exención, celebrando “acuerdos de servicios gratuitos” para transferir servicios de consultoría y ofreciendo un “100% de descuento” en productos de ciberseguridad por tiempo limitado. No está claro si existen acuerdos escritos similares para los obsequios de Starlink de Musk, ya que la Casa Blanca, la FAA y SpaceX no respondieron a las consultas. Si bien un funcionario dijo a The New York Times que la donación de Starlink a la Casa Blanca fue examinada por un abogado que supervisa los asuntos de ética, la existencia y los detalles de cualquier acuerdo escrito son desconocidos.
Para los expertos consultados, incluso si existen acuerdos escritos, es posible que solo satisfagan la letra de la ley, no su espíritu. Eve Lyon, especialista en adquisiciones jubilada, argumenta que “El hecho de que algo sea técnicamente legal no lo hace correcto”. Ella enfatiza que los funcionarios gubernamentales pueden no comprender completamente la “perniciosa” a largo plazo de aceptar tales obsequios, particularmente en el ámbito de la tecnología.
El principal riesgo asociado con estas donaciones, especialmente en TI, es el “bloqueo del proveedor”, donde los usuarios dependen en gran medida de un solo proveedor, lo que hace que sea costoso y difícil cambiar. Si bien aún no se ha visto el impacto total de las donaciones de Starlink, el caso de Microsoft sirve como una advertencia. Como confirmó la fuente del autor de la investigación de Microsoft, los rivales continúan siendo excluidos de las oportunidades de contratación federal debido a la dependencia del gobierno de Microsoft. Un documento de 2024 de la Agencia de Servicios de Información de Defensa (DISA) ilustra este punto, detallando una “excepción a la oportunidad justa” para un pedido de 5,2 millones de dólares a Microsoft, justificado por la afirmación de que cambiar de proveedor resultaría en “tiempo, esfuerzo, costos e impactos de rendimiento adicionales”. Este ejemplo demuestra claramente cómo las “donaciones” iniciales pueden conducir a la falta de competencia y, potencialmente, a mayores costos para el gobierno a largo plazo.
El artículo expone una preocupante tendencia de empresas tecnológicas que ofrecen servicios “gratuitos” al gobierno, como las mejoras de ciberseguridad de Microsoft y las donaciones de internet de Starlink, para obtener una ventaja y, en última instancia, asegurar contratos lucrativos a largo plazo, eludiendo las licitaciones competitivas y sofocando la innovación. Aunque técnicamente legal bajo las exenciones de “servicios gratuitos”, estas maniobras plantean interrogantes éticos y arriesgan el bloqueo del proveedor, potencialmente gravando a los contribuyentes y limitando la elección. Es un recordatorio de que las ofertas aparentemente generosas a menudo ocultan una estrategia calculada, exigiendo una mayor supervisión de las prácticas de contratación gubernamental para garantizar la equidad y proteger el interés público.
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