La representante Kat Cammack (R-FL) ha presentado la Ley de Libertad de la Tienda de Aplicaciones, un proyecto de ley diseñado para aumentar la competencia y la elección del consumidor en el mercado de aplicaciones móviles. Actualmente, empresas como Apple y Google ejercen un control significativo sobre la distribución de aplicaciones y el procesamiento de pagos, lo que genera preocupaciones sobre precios más altos y la asfixia de la innovación. Este proyecto de ley tiene como objetivo abordar estos problemas al exigir a las tiendas de aplicaciones con más de 100 millones de usuarios que permitan tiendas de aplicaciones de terceros y que permitan a los desarrolladores usar sistemas de pago alternativos.
La representante Kat Cammack (R-FL) ha presentado la Ley de Libertad de la App Store, un proyecto de ley diseñado para remodelar el mercado de aplicaciones móviles. Esta legislación se dirige directamente a los “grandes operadores de tiendas de aplicaciones” como Apple, con el objetivo de fomentar la competencia y proteger tanto a los consumidores como a los desarrolladores. El núcleo del proyecto de ley se centra en la apertura de los ecosistemas de tiendas de aplicaciones, una medida que podría alterar significativamente la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles.
Específicamente, la Ley de Libertad de la App Store obligaría a empresas como Apple a permitir a los usuarios instalar tiendas de aplicaciones de terceros y designarlas como predeterminadas. Esto representa una desviación significativa del modelo de ecosistema cerrado actual, donde Apple controla estrictamente la distribución de aplicaciones a través de su propia App Store. El enfoque del proyecto de ley en las tiendas de aplicaciones de terceros es una respuesta directa a las preocupaciones sobre el dominio de las tiendas de aplicaciones existentes y la posibilidad de prácticas anticompetitivas.
Además, la legislación propuesta extiende su alcance a los sistemas de pago. La Ley de Libertad de la App Store impediría que empresas como Apple y Google prohíban a los desarrolladores utilizar sistemas de pago de terceros. Actualmente, a menudo se exige a los desarrolladores de aplicaciones que utilicen el procesamiento de pagos integrado en la tienda de aplicaciones, lo que puede implicar tarifas significativas. Al permitir que los desarrolladores utilicen sus propios sistemas de pago, el proyecto de ley tiene como objetivo reducir los costos para los desarrolladores y potencialmente ofrecer a los consumidores precios más competitivos.
El alcance del proyecto de ley se define por su enfoque en los “grandes operadores de tiendas de aplicaciones”, que se definen como aquellos con más de 100 millones de usuarios en los Estados Unidos. Si bien el proyecto de ley no nombra explícitamente a Apple, esta definición abarca claramente tanto la App Store de Apple como la Play Store de Google, lo que lo hace aplicable a los dos actores dominantes en el mercado de aplicaciones móviles. Este enfoque específico tiene como objetivo abordar el poder de mercado que tienen estas empresas y el impacto que sus prácticas tienen en los desarrolladores y consumidores.
El proyecto de ley también incluye disposiciones para garantizar un trato justo a los desarrolladores. Requeriría que Apple y Google proporcionen a los desarrolladores “igual acceso a interfaces, funciones y herramientas de desarrollo sin costo ni discriminación”. Esto tiene como objetivo nivelar el campo de juego, impidiendo que los operadores de tiendas de aplicaciones favorezcan sus propias aplicaciones o impongan cargas injustas a los desarrolladores de terceros. Además, el proyecto de ley permitiría a los usuarios eliminar u ocultar aplicaciones preinstaladas, dándoles más control sobre el software de su dispositivo.
Las consecuencias por violar la Ley de Libertad de la App Store son sustanciales. Las violaciones resultarían en sanciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con una multa civil de hasta $1 millón por cada violación. Este fuerte mecanismo de aplicación subraya la seriedad del proyecto de ley y el impacto potencial que podría tener en el panorama de las tiendas de aplicaciones.
Curiosamente, la legislación propuesta se hace eco de desarrollos similares en la Unión Europea. La UE ya ha introducido legislación que ha obligado a Apple a permitir descargas de aplicaciones de terceros y cambios de aplicaciones predeterminadas. Este contexto internacional destaca una creciente tendencia global hacia la regulación del poder de las grandes empresas tecnológicas y la promoción de la competencia en los mercados digitales.
En respuesta a estas presiones, Apple ya ha comenzado a realizar cambios. La semana pasada, Apple comenzó a permitir que los desarrolladores enlazaran a pagos externos, una medida desencadenada por una sentencia en el caso Epic v. Apple. Google también se ha adaptado a las regulaciones de la UE, incluida la adición de una pantalla de elección de navegador durante la configuración del dispositivo. Estas acciones demuestran la influencia de la presión regulatoria en las prácticas de los principales operadores de tiendas de aplicaciones.
La representante Cammack, en un comunicado de prensa, enfatizó las motivaciones centrales detrás del proyecto de ley. Afirmó que “Las tiendas de aplicaciones dominantes han controlado los datos de los clientes y han obligado a los consumidores a utilizar los propios servicios comerciales de los mercados, en lugar de las ofertas nativas dentro de la aplicación proporcionadas por las aplicaciones y los propios desarrolladores”. Además, argumentó que esto ha llevado a “precios más altos y selecciones limitadas para los consumidores y prácticas anticompetitivas para los desarrolladores que han sofocado la innovación”. Esta declaración resume los argumentos centrales a favor de la Ley de Libertad de la App Store, destacando los beneficios potenciales tanto para los consumidores como para la comunidad de desarrollo de aplicaciones.
El “Acta de Libertad de la App Store” de la representante Kat Cammack busca desafiar el dominio de Apple y Google al exigir permiso para tiendas de aplicaciones de terceros, permitir sistemas de pago alternativos para desarrolladores y garantizar el acceso equitativo a herramientas. Las sanciones por incumplimiento podrían alcanzar $1 millón por infracción, similar a las regulaciones recientes de la UE y los cambios tras el caso Epic v. Apple. ¿Esta legislación realmente desbloqueará la innovación y la elección del consumidor, o simplemente creará nuevas complejidades en el ecosistema móvil?
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