El proyecto de ley sobre el pánico moral en las redes sociales de Colorado muere tras el veto reflexivo del gobernador. Como muchos estados, Colorado aprobó recientemente un proyecto de ley de regulación de redes sociales (SB25-086) que fue ampliamente criticado por ser inconstitucional y probablemente fracasar en los tribunales, pero esta historia tiene un final ligeramente diferente.
El proyecto de ley de regulación de redes sociales de Colorado, SB25-086, enfrentó un destino familiar: el veto del gobernador Jared Polis. Este proyecto de ley, que reflejaba intentos fallidos similares en otros estados como Utah y Arkansas, tenía como objetivo regular las plataformas de redes sociales con requisitos de verificación de edad y moderación de contenido. Sin embargo, Polis, a menudo considerado perspicaz en cuestiones de internet, reconoció los defectos del proyecto de ley y lo vetó, citando preocupaciones sobre su constitucionalidad y posibles impactos negativos.
La carta de veto de Polis destacó la dependencia del proyecto de ley de un “pánico moral” en torno a las redes sociales, en lugar de abordar casos específicos de abuso. Reconoció las legítimas preocupaciones sobre la seguridad en línea, particularmente para los menores, pero argumentó que el enfoque del proyecto de ley era fundamentalmente defectuoso. Comparó la situación con la invención del teléfono, que luego se utilizó para actividades delictivas, y señaló que el correo electrónico, incluidos los listservs grupales, también facilita actividades ilícitas pero está exento de la legislación.
El núcleo del argumento de Polis se basó en la infracción del proyecto de ley a la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso. El proyecto de ley exigía que las plataformas de redes sociales, en lugar de las fuerzas del orden, hicieran cumplir la ley estatal, convirtiéndolas efectivamente en juez y jurado. Esto incentivaría a las plataformas a eliminar usuarios para reducir el riesgo de responsabilidad, incluso basándose en quejas potencialmente maliciosas o injustificadas. Además, los requisitos de recopilación de datos del proyecto de ley, incluida la edad del usuario y el contenido visto, plantearon serias preocupaciones de privacidad, exponiendo potencialmente información sensible a abusos y creando problemas legales para los usuarios.
Polis también enfatizó los efectos perjudiciales que el proyecto de ley podría tener en varias comunidades y empresas. Señaló que muchos habitantes de Colorado dependen de las redes sociales para obtener apoyo y oportunidades económicas, incluidas las pequeñas empresas y los creadores de contenido. El potencial del proyecto de ley para eliminar usuarios podría devastar sus medios de vida, particularmente aquellos que dependen de las redes sociales para el marketing y la interacción con los clientes. También destacó lo absurdo de que un solo estado regulara Internet, lo que crearía un mosaico complejo e inviable de 50 estados para las empresas que operan sin fronteras.
A pesar del veto claro y razonado de Polis, la legislatura de Colorado intentó anularlo. El Senado votó para anular el veto, con los patrocinadores haciéndose eco de la retórica familiar de “proteger a los niños”. Descartaron las preocupaciones de Polis y los fallos de la Corte Suprema sobre legislación similar, centrándose en cambio en llamamientos emocionales.
Sin embargo, el esfuerzo de anulación finalmente fracasó. La Cámara, al darse cuenta de que carecía de los votos necesarios, pospuso la votación hasta después de que terminara la sesión legislativa, matando efectivamente el proyecto de ley. Este resultado subraya el desafío persistente de combatir la legislación impulsada por el pánico moral, incluso cuando se enfrenta a claras objeciones legales y prácticas.
El artículo concluye con una observación crítica sobre el papel de los “actores informados” en estos debates. Destaca el hecho preocupante de que incluso personas con experiencia en derecho de Internet, como el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, a veces se ven influenciadas por el “canto de sirena” de “proteger a los niños”, incluso cuando sus soluciones propuestas probablemente sean ineficaces o incluso contraproducentes. Esto subraya la necesidad de una vigilancia continua y una defensa informada para contrarrestar estos esfuerzos legislativos recurrentes.
El intento de Colorado de regular las redes sociales con el SB25-086, supuestamente para “proteger a los niños”, fracasó debido al veto del gobernador Polis y la falta de votos para anularlo. La ley, similar a legislaciones fallidas en otros estados, planteó serias preocupaciones constitucionales sobre privacidad, debido proceso y libertad de expresión, potencialmente perjudicando a usuarios vulnerables y pequeñas empresas. A pesar de la predecible retórica de pánico moral, Polis identificó correctamente los fallos de la ley y los peligros de la regulación estatal de internet, destacando un patrón recurrente de intentos bienintencionados pero equivocados de censurar plataformas en línea, una tendencia que exige mayor escrutinio y una comprensión más profunda de las complejas realidades de internet.
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