Un juez federal ha dictaminado que Google mantuvo ilegalmente su poder de monopolio en el negocio de tecnología de publicidad digital (ad-tech), marcando la segunda derrota en un caso antimonopolio para el gigante tecnológico en el último año. La sentencia se deriva de una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que alega conducta anticompetitiva destinada a preservar el dominio de Google en el mercado.
Google ha sido declarado culpable de mantener ilegalmente un monopolio en el negocio de tecnología publicitaria (ad-tech), marcando el segundo caso antimonopolio que el gigante de Internet pierde en el último año. La jueza Leonie Brinkema del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia dictaminó que Google violó las leyes antimonopolio al vincular su servidor de anuncios para editores y su intercambio de anuncios, preservando así su posición dominante en estos mercados. Específicamente, la jueza declaró que las acciones de Google “permitieron a la empresa establecer y proteger su poder de monopolio en estos dos mercados”. Esta decisión sigue a un juicio sin jurado de tres semanas y a una demanda presentada en enero de 2023 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y varios estados.
El fallo del tribunal se centró en segmentos específicos del mercado dentro de la industria de la tecnología publicitaria. Si bien la jueza desestimó la parte de la demanda que alegaba que Google operaba un monopolio en el mercado de “redes de anuncios para anunciantes de visualización de la web abierta”, sí determinó que Google mantuvo ilegalmente un monopolio en el “mercado de servidores de anuncios para editores de visualización de la web abierta” y en el “mercado de intercambio de anuncios de visualización de la web abierta”. Además, la jueza determinó que Google “vinculó ilegalmente su servidor de anuncios para editores (DFP) y su intercambio de anuncios (AdX) en violación de las Secciones 1 y 2 de la Ley Sherman”. Esto indica claramente el enfoque del tribunal en las prácticas de Google dentro de los lados de editores e intercambio del ecosistema de publicidad digital.
Las implicaciones del fallo se extienden más allá de las conclusiones legales. La jueza ahora determinará las soluciones apropiadas para las violaciones antimonopolio de Google, lo que podría incluir cambios significativos en sus prácticas comerciales. La demanda del gobierno buscaba daños monetarios y una orden que exigiera a Google desinvertir sus productos de servidor de anuncios para editores e intercambio de anuncios. Esta posible separación de las operaciones de tecnología publicitaria de Google resalta la gravedad de la situación y el potencial de una reestructuración sustancial dentro de la empresa.
Google, sin embargo, no acepta el fallo sin luchar. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, declaró que la empresa apelará la parte del fallo con la que no está de acuerdo. Enfatizó que Google “ganó la mitad de este caso” y argumentó que sus herramientas y adquisiciones para anunciantes, como DoubleClick, no perjudican la competencia. Google sostiene que los editores eligen sus herramientas porque son “simples, asequibles y efectivas”. Esta respuesta subraya la continua defensa de Google de sus prácticas comerciales y su compromiso de impugnar la decisión del tribunal.
El fallo también se hace eco de un caso antimonopolio anterior contra Google. En agosto de 2024, un juez federal determinó que Google tenía un monopolio en la búsqueda en Internet y violó la ley al convertir su motor de búsqueda en el predeterminado en navegadores web y teléfonos inteligentes. Este fallo anterior, combinado con el actual, pinta un panorama de una empresa que enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre su dominio del mercado. El juez en el caso de búsqueda está programado para dictaminar sobre las soluciones esta primavera, intensificando aún más la presión sobre Google.
Los analistas de la industria ya están estableciendo paralelismos con casos antimonopolio anteriores. El analista de BMO Capital Markets, Brian Pitz, en una nota, sugirió que el fallo “está en línea con nuestra expectativa de un fallo de monopolio y una recomendación de separación”. Citó el acuerdo de Microsoft con el gobierno de los Estados Unidos a principios de la década de 2000, donde Microsoft acordó compartir las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Windows con terceros, como un posible precedente. Esta comparación sugiere que el caso actual podría conducir a resultados similares, lo que podría requerir que Google abra sus plataformas de tecnología publicitaria a la competencia.
El fallo también ha provocado reacciones de grupos de la industria. La Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB) aplaudió la decisión, destacando su impacto potencial en los creadores de contenido. El presidente y director ejecutivo de la NAB, Curtis LeGeyt, declaró que el fallo afirma lo que los radiodifusores locales y otros editores han sabido durante mucho tiempo: Google ha utilizado su dominio para perjudicar a los creadores de contenido. Además, instó a los legisladores y reguladores a reconocer que el mismo dominio está socavando los ingresos publicitarios de los que dependen los radiodifusores locales. Esta perspectiva subraya las implicaciones más amplias de las prácticas de Google, particularmente su impacto en el panorama de los medios y la viabilidad financiera de los proveedores de contenido.
Un juez federal dictaminó que Google mantuvo ilegalmente su poder de monopolio en el negocio de tecnología publicitaria al vincular servidores de anuncios de editores e intercambios de anuncios, perjudicando a editores y consumidores. Aunque desestimó reclamos sobre “redes de anuncios de display de anunciantes web abiertos”, el tribunal determinó que Google violó las leyes antimonopolio. Google apelará, argumentando que los editores se benefician de sus herramientas. Esta decisión sigue a otro veredicto antimonopolio reciente contra Google en relación con la búsqueda en Internet, lo que genera preocupación por el dominio de las grandes tecnológicas y podría conducir a remedios como la desinversión o el intercambio de API.
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