Un comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. está considerando una propuesta que impediría a los estados crear sus propias regulaciones de IA durante los próximos diez años, otorgando efectivamente al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre las salvaguardas de la IA. Esta medida, conocida como preeminencia federal, suscita preocupación por sofocar la innovación y la protección del consumidor, especialmente dada la naturaleza en rápida evolución de la tecnología de IA.
La propuesta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU. de impedir la regulación estatal de la IA durante diez años es un desarrollo profundamente preocupante. Esta propuesta, integrada en su proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, esencialmente otorga al Congreso el poder regulatorio exclusivo sobre la IA durante la próxima década, silenciando efectivamente a las legislaturas estatales sobre este tema crucial.
Nuestra principal objeción a esta preclusión federal refleja nuestras preocupaciones de larga data con respecto a preclusiones similares de las leyes estatales de privacidad. El problema central es el estancamiento del progreso y el potencial de daños significativos.
En primer lugar, esta preclusión anularía directamente las leyes estatales existentes diseñadas para abordar los daños emergentes asociados con la IA. Por ejemplo, la legislación reciente de Colorado, aunque no es perfecta, estableció requisitos fundamentales para la transparencia en los procesos de toma de decisiones impulsados por la IA. Esta preclusión anularía tales esfuerzos, obstaculizando la implementación de salvaguardias vitales ya existentes.
Además, la propuesta impediría que los estados respondan a futuros problemas relacionados con la IA. La rápida evolución de la tecnología de IA exige un marco regulatorio flexible y adaptable. Los estados, históricamente más ágiles y receptivos que el gobierno federal, están mejor posicionados para abordar los problemas emergentes de manera oportuna. Sin embargo, esta preclusión les ataría efectivamente las manos, dejándolos incapaces de reaccionar ante los nuevos desafíos y posibles daños.
La posibilidad de inacción a nivel federal es una preocupación significativa. Como destaca el contenido, “el Congreso no reacciona rápidamente y, particularmente cuando se abordan los daños de las tecnologías emergentes, ha sido mucho más lento en actuar que los estados”. Esto es especialmente cierto cuando se trata de las complejidades de la IA. El plazo de diez años de la preclusión es particularmente problemático dado el ritmo exponencial del desarrollo de la IA. El panorama de la IA actual es muy diferente al de hace solo tres años, lo que dificulta increíblemente predecir los desafíos futuros que surgirán.
Además, la propuesta corre el riesgo de crear un vacío regulatorio. El contenido cita a legisladores estatales que expresan escepticismo sobre la probabilidad de una legislación federal integral sobre la IA, afirmando: “Si Washington quiere aprobar una ley integral de privacidad o IA con dientes, más poder para ellos, pero todos sabemos que esto es improbable”. Incluso si el Congreso no actúa sobre la IA durante la próxima década, la preclusión aún impediría que los estados intervengan para llenar el vacío.
Las consecuencias de esta preclusión son de gran alcance. No solo detendría el progreso de las iniciativas estatales existentes, sino que también impediría la innovación futura a nivel estatal en la regulación de la IA. El contenido enfatiza que “los legisladores estatales deben poder reaccionar ante los problemas emergentes”. Esta preclusión socava directamente esta capacidad crucial.
El contenido reconoce las complejidades de la regulación de la IA, reconociendo que muchas propuestas estatales enfrentan desafíos para equilibrar la innovación y la libertad de expresión con la protección del consumidor y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el argumento central sigue siendo que impedir que los estados actúen por completo es perjudicial. La EFF apoya algunos proyectos de ley de regulación de la IA mientras se opone a otros, pero la propuesta de preclusión inclina la balanza fuertemente a favor de las empresas.
El contenido también establece un paralelismo entre la situación actual y las estrategias empleadas por las empresas tecnológicas en el ámbito de la legislación sobre privacidad. Así como estas empresas han buscado activamente ralentizar o revertir las protecciones de privacidad en los estados, las empresas de IA ahora están participando en tácticas similares.
El ejemplo del proyecto de ley de IA de Colorado ilustra este punto. A pesar de las imperfecciones del proyecto de ley, representó un paso adelante en la provisión de transparencia y responsabilidad en el uso de la IA. Sin embargo, las empresas de IA presionaron activamente para retrasar y debilitar el proyecto de ley, lo que demuestra su interés en limitar la supervisión regulatoria. El contenido también cita un informe de POLITICO que indica que el impulso a la preclusión federal está directamente relacionado con las regulaciones propuestas en California, lo que destaca aún más los esfuerzos de la industria para precluir la acción a nivel estatal.
En conclusión, la preclusión de la IA propuesta en el proyecto de ley de reconciliación es una medida peligrosa que sofocaría el progreso, impediría que los estados aborden los daños emergentes y crearía un vacío regulatorio. Nos oponemos firmemente a esta propuesta e instamos al Congreso a rechazarla.
Esta propuesta sofocaría la regulación crucial de la IA al invalidar las leyes estatales durante una década, impidiendo que los estados respondan a los daños de la IA en rápida evolución y potencialmente congelando el progreso mientras las empresas resisten activamente las protecciones a nivel estatal. El Congreso debe rechazar esta perjudicial pre-exención y permitir que los estados continúen innovando y salvaguardando a sus ciudadanos.
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