La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está llevando a cabo una revisión significativa de sus regulaciones, con el objetivo de eliminar aquellas normas consideradas innecesarias. Esta iniciativa, apodada “Borrar, Borrar, Borrar”, ha generado debate, con algunos abogando por cambios rápidos, mientras que otros advierten contra un alcance excesivo que podría conducir a desafíos legales y revocaciones. La discusión se centra en cuán agresivamente debería proceder la FCC y si debería priorizar la velocidad o la minuciosidad en su revisión regulatoria.
Securus, una empresa involucrada en la industria de teléfonos para prisiones, está abogando para que la FCC elimine la prohibición de los cargos “auxiliares”. Estos cargos inflan significativamente los costos que soportan los reclusos y sus familias. Esta postura resalta el debate en curso sobre la carga financiera impuesta a las poblaciones vulnerables dentro del sistema penitenciario.
En contraste, Anna Gomez, una comisionada demócrata de la FCC, aboga por un enfoque más cauteloso. Ella enfatiza el uso de un “bisturí, no una motosierra”, al modificar las regulaciones existentes. Esto sugiere una preferencia por cambios específicos y precisos en lugar de revisiones generales que podrían tener consecuencias no deseadas.
El enfoque de la FCC hacia la desregulación enfrenta desafíos legales. TechFreedom, un grupo de expertos de tendencia libertaria, apoya el objetivo de la desregulación pero advierte a la FCC que proceda con cuidado. Advierten contra acciones que podrían ser anuladas por los tribunales, citando la “Doctrina de las Cuestiones Principales”. Esta doctrina sugiere que los cambios regulatorios significativos requieren una clara autoridad estatutaria.
El panorama legal que rodea la desregulación es complejo. TechFreedom enfatiza que la ley estadounidense generalmente exige la notificación y el comentario público para las modificaciones sustanciales de las reglas. Si bien existe una exención por “buena causa”, los tribunales la han interpretado de manera restrictiva, principalmente para emergencias o situaciones en las que la notificación previa socavaría la ley. Esto subraya la importancia de la participación pública y la deliberación en el proceso regulatorio.
AT&T, por otro lado, insta a la FCC a actuar con rapidez, abogando por una revisión acelerada de su régimen de cumplimiento. Citan un memorando de Trump que alienta a las agencias a derogar las regulaciones que exceden su autoridad. Esta posición refleja el deseo de una desregulación rápida y la creencia de que las regulaciones existentes son demasiado onerosas.
Sin embargo, la perspectiva de TechFreedom contrasta con la de AT&T. Aconsejan a la FCC que busque comentarios públicos para tener en cuenta los posibles intereses de confianza en las reglas existentes. Esto sugiere una preocupación por el impacto de los cambios regulatorios en las partes interesadas que han llegado a depender del marco regulatorio actual.
El ex presidente de la FCC, Carr, parece ansioso por avanzar en la eliminación de reglas. Se hace eco del sentimiento de la administración Trump, enfatizando el objetivo de poner fin a las regulaciones innecesarias para estimular la oportunidad económica. Esto se alinea con una agenda política más amplia centrada en la reducción de la intervención gubernamental en el mercado.
El apoyo de Carr a la desregulación es evidente en su respuesta a una orden de 2024. Generalmente apoyó la orden, pero expresó su preocupación por la estructura de tarifas elegida por la FCC. Esto sugiere un enfoque matizado, reconociendo la necesidad de reforma y, al mismo tiempo, considerando los detalles específicos de la implementación.
La FCC está implementando una iniciativa de desregulación significativa, “Eliminar, Eliminar, Eliminar”, con el apoyo de AT&T y respaldada por un memorando de la era Trump. No obstante, esta propuesta enfrenta escrutinio, con TechFreedom expresando preocupaciones sobre posibles desafíos legales y la necesidad de comentarios públicos, enfatizando el proceso de “aviso y comentario”. La comisionada Gomez aboga por un enfoque cauteloso de “bisturí” frente a una estrategia más agresiva de “motosierra”, destacando la tensión entre la desregulación rápida y la garantía de la validez regulatoria.
El debate subraya una pregunta crucial: ¿puede la reforma regulatoria realmente liberar oportunidades económicas sin sacrificar la protección del consumidor y la defensa legal?
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