La crítica del presidente Trump a la radiodifusión pública ha eclipsado un desarrollo más preocupante: un posible cambio de política que podría restringir el acceso de los estadounidenses a las ondas de radio de propiedad pública. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está considerando una revisión significativa de la radiodifusión a través de un nuevo estándar basado en DRM para equipos de televisión digital, lo que permitiría a las emisoras encriptar la programación por aire y potencialmente requeriría que los espectadores compraran nuevos televisores para acceder a ella.
El problema central es un cambio de política propuesto por la FCC, denominado la “Transición ATSC”, que podría alterar fundamentalmente la forma en que los estadounidenses acceden a la televisión por difusión. Esta transición, aunque aparentemente técnica, implica un cambio a un nuevo estándar de televisión digital (ATSC 3.0) que incorpora la Gestión de Derechos Digitales (DRM). Esta medida es mucho más insidiosa que los ataques del presidente Trump a la radiodifusión pública, porque amenaza la base misma del acceso público a las ondas.
El quid de la cuestión reside en la posibilidad de que las emisoras cifren su programación por aire. Esto significa que los espectadores tendrían que comprar nuevos televisores equipados con claves DRM incorporadas para acceder a la misma programación que reciben actualmente de forma gratuita. Esto crea efectivamente una barrera financiera para acceder a un recurso público, esencialmente un impuesto a los televidentes estadounidenses. Como señala el texto, esto obliga a los consumidores a “comprar un televisor nuevo para que puedan seguir accediendo a un recurso público que ya poseen”.
Este cambio propuesto está siendo fuertemente promovido por la Asociación Nacional de Radiodifusores, que se beneficiaría de este cambio. Su objetivo es privatizar efectivamente las ondas públicas, otorgándoles un mayor control sobre la distribución de contenido y potencialmente abriendo nuevas fuentes de ingresos. Esto supone una desviación significativa del modelo histórico, en el que las emisoras recibían valiosas licencias de espectro a cambio de proporcionar programación gratuita a cualquier persona dentro del alcance de sus antenas de transmisión.
Si bien muchos pueden haberse trasladado a los servicios de televisión basados en Internet, el impacto de esta política se sentiría de manera desproporcionada en un segmento significativo de la población. Millones de estadounidenses todavía dependen en gran medida o exclusivamente de la televisión por difusión, incluidos los de zonas rurales o tribales y los hogares de bajos ingresos. Estos grupos a menudo carecen de acceso fiable a Internet o no pueden permitirse los costes asociados a los servicios de transmisión. Dependen de la televisión por difusión para obtener información, educación y entretenimiento cruciales.
La introducción de DRM plantea serias preocupaciones sobre la innovación y los derechos de los consumidores. El texto proporciona un ejemplo convincente: el estancamiento de la tecnología DVD. Los reproductores de DVD, que han estado sujetos a un sistema DRM centralizado similar, han permanecido prácticamente sin cambios desde su introducción en 1995. Esto ilustra cómo DRM puede sofocar la innovación al dar a una autoridad central un veto sobre nuevos dispositivos y funciones.
Además, DRM plantea una amenaza directa a los principios de derechos de autor establecidos, en particular el “uso legítimo”. El uso legítimo permite a los espectadores participar en prácticas como el cambio de tiempo (grabar un programa para verlo más tarde) y saltarse los anuncios. Sin embargo, DRM faculta a las emisoras para impedir estas actividades. Eludir o romper los sistemas DRM, incluso con fines legítimos, conlleva el riesgo de sanciones en virtud de la Sección 1201 de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA). Esto crea un efecto disuasorio sobre los derechos de los consumidores y limita la capacidad de las personas para utilizar el contenido que poseen legalmente.
El argumento a favor de DRM se enmarca a menudo como un medio para proporcionar a los espectadores nuevas funciones interactivas. Sin embargo, el autor cuestiona esta justificación. Argumenta que si estas nuevas funciones son realmente beneficiosas, deberían ser adoptadas voluntariamente por los consumidores, no impuestas a través de restricciones tecnológicas. El texto sugiere que la necesidad de encerrar las claves de una función es una clara señal de que la función no es de interés público.
En conclusión, la “Transición ATSC” representa una amenaza significativa para el acceso público a las ondas y los derechos de los consumidores. La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con otras organizaciones como Public Knowledge y Consumer Reports, instan a la FCC a rechazar esta política. Abogan por mantener las ondas libres para todos los estadounidenses, priorizando el interés público sobre los intereses privados de los poderosos cárteles de los medios de comunicación. El núcleo del argumento es la defensa del sistema existente, donde cualquiera puede inventar nuevo hardware de televisión innovador, en lugar de un sistema donde una autoridad privada centralizada e irresponsable obtiene un derecho de veto sobre los nuevos dispositivos.
La FCC está considerando un cambio de política (“Transición ATSC”) que permitiría a las emisoras encriptar la programación en el aire mediante DRM, privatizando efectivamente las ondas públicas y obligando a los espectadores a comprar nuevos televisores para acceder a contenido gratuito. Esto amenaza a millones, especialmente a hogares rurales y de bajos ingresos, sofoca la innovación, restringe el uso justo y prioriza las ganancias de las emisoras sobre el acceso público. Rechace esta medida y exija a la FCC que proteja nuestro derecho a las ondas libres y abiertas.
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