La protección federal al consumidor se está erosionando, una tendencia prefigurada por el desmantelamiento de la neutralidad de la red. Una fusión de autoritarismo y poder corporativo está desmantelando sistemáticamente la supervisión federal, dejando a los consumidores vulnerables y potencialmente enfrentando consecuencias de vida o muerte en diversas industrias.
El autor argumenta que el desmantelamiento de la protección federal al consumidor está en marcha, una tendencia prefigurada por el destino de la neutralidad de la red. Esta erosión se atribuye a una confluencia de autoritarismo y corporativismo, que se manifiesta a través de diversos medios como las decisiones de la Corte Suprema, las órdenes ejecutivas y la captura regulatoria. El autor sostiene que esto no es hipérbole, sino una realidad actual con consecuencias potencialmente irreversibles para la supervisión corporativa, las protecciones laborales, la seguridad pública y las normas ambientales.
Este declive en la supervisión federal se presenta como algo con implicaciones tangibles, y en algunos casos, de vida o muerte. El autor señala el potencial de una aplicación laxa de las normas de contaminación, el debilitamiento de la orientación de salud pública de agencias como los CDC y la falta de una vigilancia seria del fraude corporativo y las prácticas depredadoras. La consistencia de la protección al consumidor se considera gravemente socavada.
En el sector de las telecomunicaciones, esta tendencia es particularmente evidente. El autor describe a la FCC como efectivamente reducida a un sello de goma para los intereses de grandes monopolios como Comcast y AT&T. Esta abdicación de la responsabilidad federal obliga a los gobiernos estatales, a menudo con recursos limitados, a intentar llenar el vacío regulatorio. Este cambio de responsabilidad a los estados se destaca como un tema recurrente en el panorama más amplio de la protección al consumidor.
El debate sobre la neutralidad de la red, a menudo enmarcado como un problema de política tecnológica de nicho, se presenta como un indicador crucial de esta tendencia más amplia. En esencia, argumenta el autor, la neutralidad de la red planteó una pregunta fundamental: ¿deberían las grandes corporaciones rendir cuentas por abusar de su poder de mercado consolidado? La respuesta del gobierno en los sectores de telecomunicaciones y medios de comunicación, según el autor, ha sido un rotundo “no”.
El autor detalla cómo la corrupción política ha contribuido a esta situación. El Congreso se describe como demasiado comprometido durante décadas para proteger eficazmente a los consumidores de los monopolios de las telecomunicaciones o para promulgar leyes modernas de protección al consumidor. Este fracaso llevó a la FCC a implementar reglas modestas de privacidad de banda ancha, que posteriormente fueron derogadas por el Partido Republicano utilizando la Ley de Revisión del Congreso. De manera similar, las modestas reglas de neutralidad de la red de la FCC fueron desmanteladas por lo que el autor caracteriza como un “sistema judicial de derecha antidemocrático obsesionado con proteger los ingresos corporativos”.
Cuando el público expresó su preocupación, fue remitido a un Congreso que había demostrado repetidamente su incapacidad para actuar. El autor señala que muchos que están vigilantes sobre el poder gubernamental desenfrenado aparentemente han pasado por alto los peligros del poder corporativo desenfrenado. El ataque a la neutralidad de la red se considera que ha hecho más que simplemente eliminar reglas específicas; se argumenta que ha “eviscerado” la autoridad más amplia de la FCC para proteger a los consumidores de banda ancha de los grandes monopolios de telecomunicaciones. Si bien algunos estados han intentado promulgar sus propias leyes de neutralidad de la red, el autor sugiere que generalmente no han logrado hacerlas cumplir.
Este escenario se presenta como un modelo para el futuro de la protección al consumidor en diversas industrias. El patrón implica que las agencias federales renuncien a sus responsabilidades, que los organismos reguladores se debiliten sistemáticamente y que los estados con diversos niveles de competencia intenten compensar. El autor destaca la ironía de las empresas que presionaron para el desmantelamiento de la supervisión federal y luego se quejan de la naturaleza fragmentada de la regulación a nivel estatal.
El autor predice que esta secuencia de eventos se volverá cada vez más común, con la lucha por la neutralidad de la red sirviendo como un precedente moderno. Como ejemplo, el autor señala a Pensilvania, donde los líderes estatales están respondiendo al desmantelamiento de las protecciones federales de neutralidad de la red proponiendo una ley estatal. Esta ley propuesta, patrocinada por el representante de Pensilvania Ismail Smith-Wade-El, se destaca por su intento de clasificar a los gigantes de las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, sujetos a supervisión estatal.
El representante Smith-Wade-El es citado enfatizando que Internet es una necesidad y que los consumidores deben esperar un servicio justo de las pocas grandes empresas que lo brindan, sin manipulación del acceso o los precios. El autor reitera que los problemas subyacentes de la banda ancha lenta, costosa e inconsistente en los Estados Unidos están arraigados en el poder monopolístico consolidado de las telecomunicaciones y la corrupción política que lo salvaguarda. Muchos políticos son vistos como que evitan este problema central debido a las contribuciones de campaña de las principales empresas de telecomunicaciones.
El autor observa que en las últimas cuatro décadas, ha habido una eliminación constante de la supervisión de estas empresas, a menudo justificada bajo la apariencia de promover la “innovación del libre mercado”. Sin embargo, el autor argumenta que la eliminación tanto de la competencia como de la supervisión regulatoria en el sector de las telecomunicaciones ha resultado en grandes monopolios regionales irresponsables que continúan con sus prácticas perjudiciales.
La ley propuesta en Pensilvania se describe como la adición de un nuevo capítulo sobre “Neutralidad de Internet” a los estatutos consolidados del estado, ampliando la definición de “servicios públicos” para incluir a los ISP de banda ancha. Esto sometería a los ISP a una mayor supervisión regulatoria y prohibiría prácticas como el bloqueo de contenido legal o la limitación injusta de la velocidad de Internet. El autor señala que los ISP históricamente han buscado que la banda ancha se considere un lujo no esencial para evitar el tipo de supervisión aplicada a los servicios públicos, y en gran medida han tenido éxito en evitar que los funcionarios federales y estatales persigan esta clasificación.
A pesar de los esfuerzos en Pensilvania, el autor expresa escepticismo sobre la aprobación de la ley, citando la corrupción histórica entre los legisladores estatales al complacer a los gigantes regionales de las telecomunicaciones. La influencia de empresas como AT&T y Comcast en la mayoría de los estados se describe como tan significativa que a menudo redactan directamente la legislación estatal de telecomunicaciones, con casos de soborno a veces expuestos pero la práctica general en gran medida normalizada.
El autor concluye reiterando que a medida que los “autoritarios” intensifican el desmantelamiento de la protección federal al consumidor, más estados intentarán llenar el vacío. Sin embargo, a medida que la fusión del corporativismo y el autoritarismo debilita la gobernanza federal, el autor predice que la autonomía estatal se convertirá cada vez más en un objetivo. Se considera que los estados, que ya enfrentan desafíos legales en varios temas, carecen del tiempo, los recursos y el personal para abordar adecuadamente la brecha en la protección al consumidor y la responsabilidad corporativa dejada por el gobierno federal. Se espera que esto conduzca a daños generalizados a los estadounidenses, incluida la explotación financiera, la negligencia e incluso la muerte.
El autor enfatiza que la lucha por la neutralidad de la red sirvió como una clara advertencia de este inminente “apocalipsis de la protección al consumidor”. El autor expresa su frustración por haber sido desestimado como hiperbólico por predecir este resultado y sugiere que la importante erosión de la supervisión corporativa y la aplicación de la protección federal al consumidor deberían estar recibiendo más atención de la que reciben actualmente.
La protección federal al consumidor se está desmoronando por la fusión del autoritarismo y el poder corporativo, similar al desmantelamiento de la neutralidad de la red. Esta tendencia, impulsada por políticos corruptos y agencias reguladoras debilitadas, conducirá a la explotación y el daño generalizados, mientras los estados luchan por llenar el vacío. La lucha por la neutralidad de la red sirvió como una severa advertencia: es hora de reconocer la gravedad de esta crisis y exigir responsabilidades antes de que sea demasiado tarde.
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