El Congreso está intentando revivir legislación controvertida similar a los fallidos proyectos de ley SOPA y PIPA de hace más de una década. Estas nuevas propuestas, como la Ley contra la Piratería Digital Extranjera (FADPA), permitirían a los titulares de derechos de autor obligar a los proveedores de servicios de Internet y a los proveedores de DNS a bloquear sitios web completos basándose en acusaciones de infracción de derechos de autor, lo que podría conducir a una censura generalizada y socavar una Internet libre y abierta.
Hace más de una década, el espectro de las listas negras de Internet impuestas por el gobierno se cernía con la propuesta Ley Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Ley PROTECT IP Act (PIPA). Estos ambiciosos proyectos de ley pretendían facultar al gobierno y a los titulares de derechos de autor con la autoridad para desmantelar rápidamente sitios web enteros basándose en meras acusaciones de piratería. Este audaz intento de controlar el contenido en línea encendió una tormenta de oposición, demostrando una aversión estadounidense fundamental a las listas negras de Internet gestionadas por el gobierno. La reacción fue inmediata y abrumadora, impulsada por una diversa coalición de usuarios de Internet, defensores de la libertad de expresión y empresas tecnológicas. Su clamor colectivo culminó en un histórico “Apagón de Internet” el 18 de enero de 2012, una poderosa demostración de desobediencia civil digital que finalmente condujo al archivo de ambos proyectos de ley. Este evento sirvió como un duro recordatorio de que los intentos de imponer un control de arriba hacia abajo sobre Internet se encontrarían con una feroz resistencia.
Sin embargo, las lecciones aprendidas de la debacle de SOPA y PIPA parecen estar desvaneciéndose con el tiempo. Trece años después, a medida que la memoria institucional disminuye y el apetito por la oposición aparentemente disminuye, los miembros del Congreso de ambos partidos políticos están revisando una vez más este polémico enfoque. Este renovado impulso para implementar mecanismos de bloqueo de sitios indica un preocupante desprecio por el precedente histórico y los principios fundamentales de una Internet libre y abierta. El panorama legislativo actual sugiere una disposición a volver a participar en estrategias que antes se consideraban inaceptables y peligrosas.
Entre las nuevas propuestas legislativas, la Ley contra la Piratería Digital Extranjera (FADPA) destaca como un ejemplo principal de esta estrategia revivida. Este proyecto de ley, junto con al menos otro aún en borrador, busca resucitar el enfoque imprudente de permitir a los titulares de derechos obtener órdenes judiciales federales que obliguen a los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a los proveedores de DNS a bloquear el acceso a sitios web enteros basándose únicamente en acusaciones de infracción de derechos de autor. Si bien los legisladores enmarcan estos esfuerzos como dirigidos a sitios “piratas”, los críticos argumentan que la verdadera consecuencia de estos proyectos de ley es la construcción de un “interruptor de apagado de Internet”, un mecanismo que otorga un poder sin precedentes para cerrar plataformas en línea con una supervisión mínima. Este cambio de apuntar a contenido infractor específico a bloquear sitios web enteros representa una escalada significativa y una amenaza directa a la arquitectura de la web abierta.
Estos proyectos de ley propuestos representan una amenaza inequívoca y seria para los cimientos mismos de una Internet libre y abierta. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y sus partidarios están comprometidos a luchar contra estas medidas, reconociendo las profundas implicaciones que tienen para la expresión en línea y el acceso a la información. La principal preocupación es que estos proyectos de ley priorizan los intereses de los titulares de derechos de autor sobre los derechos fundamentales de los usuarios de Internet y los principios del debido proceso. La lucha contra estas nuevas propuestas no se trata simplemente de la aplicación de los derechos de autor; se trata de defender las características esenciales de Internet como una plataforma para la comunicación, la innovación y la libertad.
Un argumento clave contra el bloqueo de sitios es su ineficacia inherente y el daño colateral significativo que puede infligir. En el panorama digital actual, muchos sitios web están alojados en una infraestructura de nube compartida o utilizan direcciones IP compartidas. En consecuencia, intentar bloquear un único sitio objetivo puede conducir inadvertidamente al bloqueo de miles de sitios web legítimos y no relacionados. Este tipo de daño colateral digital no es una preocupación teórica; ya ha ocurrido en varias jurisdicciones, incluidas Austria, Rusia e incluso en los Estados Unidos. Este enfoque contundente demuestra una incomprensión fundamental de cómo funciona Internet moderna y destaca el potencial de una interrupción generalizada de la actividad en línea inocente.
Además, el bloqueo de sitios no solo es peligrosamente contundente, sino que también es trivialmente fácil de evadir para aquellos decididos a acceder al contenido bloqueado. Las personas que buscan eludir estas restricciones pueden simplemente crear el mismo contenido en un nuevo dominio en cuestión de horas, lo que hace que los esfuerzos de bloqueo sean en gran medida ineficaces a largo plazo. Además, los usuarios pueden emplear fácilmente Redes Privadas Virtuales (VPN) o cambiar una sola configuración de DNS para eludir las medidas de bloqueo y recuperar el acceso al contenido bloqueado. Estas soluciones no son meras herramientas para acceder a material infractor; son herramientas esenciales utilizadas por los usuarios de Internet en países que reprimen la disidencia y restringen el acceso a la información.
La perspectiva de obligar a los estadounidenses a depender de las mismas soluciones utilizadas en los regímenes autoritarios para acceder a contenido potencialmente mal etiquetado es profundamente preocupante. Sugiere un movimiento hacia un entorno de Internet más controlado y menos abierto, donde acceder a la información requiere navegar por barreras técnicas diseñadas para restringir el acceso. Este cambio también obligaría a los estadounidenses a depender de servicios en línea más arriesgados y menos confiables, ya que se bloquean las vías legítimas y de fácil acceso a la información. La normalización de estas técnicas de evasión, aunque necesarias en los regímenes opresivos, es un desarrollo preocupante en un país que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.
Más allá de las limitaciones técnicas y el potencial de daño colateral, el bloqueo de sitios plantea una amenaza significativa a la libertad de expresión al silenciar el contenido en línea sin el debido proceso adecuado. La Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, no debe ser marginada para dar cabida a los deseos de las grandes empresas de medios de comunicación que buscan métodos más rápidos para cerrar sitios web. Estos proyectos de ley tratan erróneamente las eliminaciones amplias como un proceso legal de rutina, a menudo decidido en procedimientos ex parte donde el sitio que se bloquea no tiene la oportunidad de defenderse. Este enfoque es más que un atajo; elude eficazmente el debido proceso por completo, negando a la parte acusada el derecho fundamental a ser escuchada y a presentar una defensa.
Los usuarios afectados por un bloqueo de sitio a menudo se quedan en la oscuridad, sin una comprensión clara de por qué un sitio web en particular es inaccesible. Un sitio bloqueado puede simplemente aparecer roto, asemejándose a un fallo técnico o una interrupción. Esta falta de transparencia dificulta que los editores y usuarios que cumplen la ley diagnostiquen el problema y entiendan por qué han perdido el acceso al contenido. Las técnicas de bloqueo de sitios son instrumentos inherentemente contundentes que castigan de manera desproporcionada a los transeúntes inocentes que no tienen conexión con la presunta actividad infractora. La incapacidad de diferenciar entre el contenido infractor y el material legítimo en un sitio bloqueado resulta en un enfoque de red de arrastre que daña la actividad en línea legítima.
Las industrias de derechos de autor que abogan por estos proyectos de ley son muy conscientes de que el bloqueo de sitios no es una solución estrechamente adaptada a una supuesta epidemia de piratería. La industria del entretenimiento está experimentando actualmente un crecimiento significativo, superando sus proyecciones previas a la COVID, lo que indica que la piratería no está paralizando a la industria. En cambio, la legislación sobre bloqueo de sitios parece ser un intento de construir un nuevo sistema de censura estadounidense al otorgar a los actores privados un control peligroso a nivel de infraestructura sobre el acceso a Internet. Este cambio de poder del público a entidades privadas, con la capacidad de dictar qué contenido es accesible en línea, plantea serias preocupaciones sobre el potencial de abuso y la erosión de una Internet verdaderamente abierta.
La FADPA ya está bajo consideración, y se espera que surjan más proyectos de ley con disposiciones similares. La pregunta crítica ahora es si los legisladores recordarán la importante reacción y las razones fundamentales por las que una legislación similar fracasó hace más de una década. El precedente histórico de las protestas de SOPA y PIPA sirve como un poderoso recordatorio de la fuerte oposición del público a las listas negras de Internet impuestas por el gobierno.
Si los legisladores no prestan atención a las lecciones del pasado, es probable que enfrenten un rechazo similar, si no más fuerte, de la EFF y el público. La lucha por defender la web abierta está en curso, y la determinación del público de proteger una Internet libre y accesible sigue siendo fuerte. El mensaje al Congreso es claro: las leyes de bloqueo de sitios son peligrosas, innecesarias e ineficaces.
Los legisladores deben escuchar, alto y claro, que los estadounidenses no apoyan la censura de Internet impuesta por el gobierno, ni para la aplicación de los derechos de autor ni por ninguna otra razón. El principio de una Internet libre y abierta es una piedra angular de la sociedad moderna, y cualquier intento de socavarlo a través de medidas amplias, contundentes y fácilmente abusadas como el bloqueo de sitios se encontrará con una oposición decidida. El futuro de la libertad en línea depende de la capacidad de evitar la implementación de estas peligrosas listas negras de Internet.
El Congreso intenta revivir legislación (como FADPA) que permitiría el bloqueo de sitios web por acusaciones de derechos de autor, similar a los fallidos esfuerzos de SOPA/PIPA. Esto representa una seria amenaza a un internet libre y abierto, ya que el bloqueo de sitios es ineficaz, fácilmente eludible, suprime la libertad de expresión sin el debido proceso y corre el riesgo de obligar a los estadounidenses a depender de herramientas utilizadas en regímenes autoritarios. Contacte a sus representantes ahora y exija que rechacen estas peligrosas listas negras de internet.