Category: Technological Geopolitics

Google adquirió recientemente la empresa israelí de seguridad en la nube Wiz por una cifra récord de 32 mil millones de dólares, marcando la mayor adquisición de una empresa israelí en la historia. Si bien Google promociona la adquisición como una forma de mejorar la seguridad en la nube, el acuerdo suscita preocupación debido a los antecedentes de los cuatro fundadores de Wiz, todos veteranos de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales de élite del ejército israelí.

La propuesta de adquisición de la empresa israelí de seguridad de computación en la nube Wiz por parte de Google por la asombrosa cifra de 32 mil millones de dólares marca la mayor compra de una empresa israelí, pendiente de aprobación regulatoria. Esta importante inversión, anunciada a mediados de marzo, integrará Wiz en Google Cloud, mientras que sus servicios de seguridad seguirán estando disponibles en otras plataformas de nube importantes como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Oracle Cloud. El comunicado de Google destacó la utilidad de Wiz para organizaciones de todos los tamaños, desde startups hasta gobiernos, en la protección de su infraestructura en la nube.

Sin embargo, el anuncio omitió notablemente los antecedentes de los cuatro cofundadores de Wiz: Yinon Costica, Assaf Rappaport, Ami Luttwak y Roy Reznik. Todos son veteranos de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales del ejército israelí. Esta unidad está profundamente involucrada en la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el descifrado de códigos, las operaciones de ciberseguridad y el hacking. Críticos y ex veteranos han acusado a la Unidad 8200 de vigilancia masiva de palestinos por “persecución política” y de proporcionar información para asesinatos selectivos, a veces basados en datos de vigilancia potencialmente defectuosos.

La Unidad 8200 se ha convertido en una importante fuente de reclutamiento para las empresas de Silicon Valley, sirviendo como un conducto para la creación de numerosas startups tecnológicas. Estas incluyen entidades controvertidas como NSO Group, conocida por su spyware Pegasus utilizado en ataques de hacking contra disidentes y periodistas a nivel mundial. Un informe del Wall Street Journal del año pasado señaló que los ex alumnos de la Unidad 8200 ahora promueven abiertamente su servicio militar para atraer clientes e inversiones, destacando los crecientes lazos entre la unidad y la industria tecnológica estadounidense.

Más allá de fundar sus propias empresas, las adquisiciones por parte de empresas establecidas de Silicon Valley han proporcionado a los veteranos de la Unidad 8200 un punto de apoyo en el sector tecnológico estadounidense. Desde el inicio de la guerra en Gaza, varias empresas tecnológicas israelíes fundadas por ex miembros de la Unidad 8200 han sido adquiridas, incluyendo la compra de Dig Security por casi mil millones de dólares por parte de Palo Alto Networks y Talon CyberSecurity poco después del inicio del conflicto. Esta tendencia subraya la profundización de la relación entre Silicon Valley y el establishment de inteligencia militar israelí.

Esta relación cada vez más estrecha ha generado alarma entre los observadores críticos con el papel de las empresas tecnológicas en la facilitación de las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania. Paul Biggar, ingeniero de software y fundador de Tech for Palestine, afirmó que “Básicamente, toda la industria tecnológica israelí está financiada por capitalistas de riesgo estadounidenses” y que las adquisiciones de empresas israelíes por parte de Silicon Valley, donde el personal superior suele ser veterano de la Unidad 8200, son comunes. Expresó su preocupación de que no se deba confiar en Wiz, dirigida por ex funcionarios de inteligencia, con los datos de los usuarios.

Un investigador especializado en las conexiones entre Silicon Valley y las agencias de inteligencia reveló amplios lazos, documentando a más de 1.400 miembros actuales y anteriores de la Unidad 8200, la Inteligencia Militar Israelí y la Dirección de Defensa Cibernética de las Fuerzas de Defensa de Israel que trabajan para las principales empresas de Silicon Valley. Estas personas, algunas de las cuales siguen siendo reservistas, ocupan puestos de alto y medio nivel en empresas como Cisco, Microsoft, NVIDIA, Intel, Google y otras con oficinas en Israel, Estados Unidos y Europa. El investigador, que solicitó el anonimato, señaló que, si bien no todas estas personas están involucradas en actividades ilícitas, su presencia crea un potencial de “tentación o presión para hacer algo que viole la ley”.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos han identificado la influencia de potencias extranjeras en industrias críticas como la tecnología como un riesgo para la seguridad nacional. Un artículo de Politico de 2018 destacó las preocupaciones del FBI sobre las amenazas de contrainteligencia y espionaje en Silicon Valley, incluido el riesgo de que individuos actúen como espías o sean presionados para cooperar por gobiernos extranjeros en función de lazos o lealtades personales. Los expertos en ciberseguridad advierten que tales relaciones crean influencia para los gobiernos extranjeros, particularmente cuando los trabajadores tecnológicos son reservistas o ex agentes de inteligencia.

El investigador enfatizó que, si bien las preocupaciones sobre la infiltración china en las empresas tecnológicas se discuten ampliamente, las preocupaciones similares sobre Israel, a quien las agencias de inteligencia estadounidenses clasifican como una de las principales amenazas de contrainteligencia, a menudo se pasan por alto. Destacaron específicamente el riesgo que plantean los ex miembros de agencias de inteligencia que trabajan en áreas sensibles como el almacenamiento en la nube, que proporciona acceso a una gran cantidad de datos que podrían verse fácilmente comprometidos.

La adquisición de Wiz por parte de Google también representa una importante inyección financiera en la economía israelí, que se ha visto afectada por los conflictos en curso. La compra de 32 mil millones de dólares incluye 1.5 mil millones para los 1.800 empleados de Wiz, muchos de ellos con sede en Israel. Se estima que los beneficios fiscales colectivos para el gobierno israelí de los fundadores, inversores y empleados son de alrededor de 4 mil millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente el 0,6 por ciento del PIB de Israel.

Según el Times of Israel, estos sustanciales ingresos fiscales podrían ayudar al gobierno israelí a financiar sus guerras en curso y a abordar los déficits presupuestarios y los altos niveles de deuda. Moody’s, que previamente había reducido la calificación crediticia de Israel debido a la incertidumbre geopolítica y las perturbaciones económicas, señaló específicamente al debilitamiento del sector tecnológico como un riesgo para la base impositiva del país. Por lo tanto, la masiva inversión de Google en Wiz puede verse como un rescate de facto de la economía israelí en un momento crítico.

Además, Google ha estado aumentando su inversión en Israel, y recientemente anunció planes para arrendar más de 60.000 metros cuadrados de espacio de oficinas en Tel Aviv por más de 300 millones de dólares durante una década. Estas decisiones de inversión han continuado a pesar del creciente escrutinio sobre la conducta de Israel durante la guerra.

Antes del conflicto actual, los empleados de Google protestaron contra el Proyecto Nimbus, un contrato conjunto de 1.200 millones de dólares con Amazon para proporcionar servicios avanzados de computación en la nube, inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías al gobierno y al ejército israelíes. Este proyecto incluye capacidades como detección facial, reconocimiento de imágenes y análisis de sentimientos, útiles para el reconocimiento y la vigilancia. Tras las protestas internas y las sentadas, Google despidió a docenas de empleados involucrados en el grupo “No Tech for Apartheid”.

Las plataformas basadas en IA que dependen de la tecnología en la nube, que Google supuestamente proporcionó a Israel después del 7 de octubre, han sido fundamentales para las acciones militares en Gaza. Programas como Lavender y Where’s Daddy, revelados por +972 Magazine, se han utilizado para generar automáticamente objetivos de asesinato, marcando a más de 37.000 palestinos y sus hogares. Estos programas supuestamente han permitido a los oficiales adoptar listas de asesinatos con comprobaciones mínimas sobre el razonamiento de la máquina o los datos de inteligencia subyacentes.

El uso de la tecnología de Google y Amazon por parte del ejército israelí, incluidos los servicios en la nube potencialmente aumentados por Wiz, ha provocado críticas de organizaciones de libertades civiles como la Electronic Frontier Foundation, que el año pasado criticó el uso reportado de tales tecnologías para ayudar con “detenciones, asesinatos y la opresión sistemática de periodistas, trabajadores de la salud, trabajadores humanitarios y familias comunes”.

Se espera que la adquisición de Wiz por parte de Google consolide aún más la relación entre Silicon Valley y el establishment de inteligencia militar israelí, con los veteranos de la Unidad 8200 desempeñando un papel central. Hossam Nasr, organizador de la campaña “No Azure for Apartheid” y ex empleado de Microsoft, describió la adquisición como un “gran momento de ‘quitarse la máscara’ para Google y Big Tech”, expresando su preocupación de que los ex agentes de la Unidad 8200 obtendrían acceso a la tecnología y los datos de Google, y que no se podía confiar en Google para evitar su uso para “fines nefastos”.

La adquisición de Wiz por $32 mil millones por Google, fundada por ex oficiales de inteligencia israelíes, subraya una alianza preocupante entre Silicon Valley y el ejército israelí, lo que podría facilitar más abusos contra los derechos humanos y plantear serias preocupaciones de seguridad nacional. Es hora de examinar críticamente las implicaciones éticas de las inversiones tecnológicas que alimentan conflictos y exigir mayor transparencia y responsabilidad a empresas como Google.

Los gigantes tecnológicos expresan su preocupación por la impredecible estrategia arancelaria del gobierno de EE. UU., según reveló el CEO de Foxconn, Young Liu, quien afirmó que la política está causando un “gran dolor de cabeza” a las principales empresas tecnológicas. Esto ocurre en medio de una intensificación de la “guerra de chips” con China y un panorama político estadounidense cambiante que impacta en las decisiones de fabricación e inversión.

El problema central destacado en el contenido es la significativa disrupción e incertidumbre que la estrategia de aranceles de la administración Trump está causando en la industria tecnológica, impactando particularmente a empresas como Foxconn y sus principales clientes. El presidente Young Liu de Foxconn declaró explícitamente que los CEOs de sus mayores socios tecnológicos están experimentando un “gran dolor de cabeza” debido a la naturaleza impredecible de estos aranceles, lo que demuestra una preocupación generalizada dentro del sector. Esta impredecibilidad proviene de la rápida declaración y revocación de aranceles, lo que dificulta excepcionalmente la planificación a largo plazo y la gestión de la cadena de suministro. El artículo enmarca esto como un problema fundamental para las empresas que operan en un mercado globalizado, donde la estabilidad y la previsibilidad son cruciales para operaciones eficientes.

La justificación de los aranceles, tal como se presentó inicialmente, es incentivar la producción y el consumo domésticos, beneficiando en última instancia al gobierno a través del aumento de los ingresos fiscales. El argumento sugiere que los aranceles están destinados a incomodar tanto a los productores como a los consumidores extranjeros, empujándolos hacia alternativas nacionales. Sin embargo, el artículo rápidamente cambia para cuestionar la eficacia de este enfoque, particularmente en el contexto de la industria tecnológica. Se señala que los aranceles a menudo se aplican a bienes donde no existe una producción nacional sustancial, como los chips de computadora, lo que hace cuestionable su efecto previsto. Además, el artículo critica la idea de que los aranceles son una política virtuosa, sugiriendo que son una forma de “intervención en el mercado” que, en última instancia, sirve para consolidar el poder y enriquecer a aquellos conectados con el gobierno.

El artículo luego profundiza en las realidades prácticas de la implementación de aranceles, contrastando los beneficios teóricos con las consecuencias reales. Argumenta que la implementación de aranceles a menudo es defectuosa, creando lagunas y consecuencias no deseadas. Se señala que los aranceles no necesariamente conducen a un resurgimiento de la manufactura nacional, especialmente al considerar las complejidades de las cadenas de suministro globales y la existencia de bloques comerciales. La estadística citada sobre una reducción neta del 2.7% en el empleo manufacturero total durante el primer mandato de Trump sirve como un desafío directo a la afirmación de que los aranceles efectivamente devuelven empleos a los EE. UU. Esta estadística, proveniente de un estudio no especificado, proporciona evidencia empírica contra la narrativa común que rodea la creación de empleos impulsada por los aranceles.

La experiencia de Foxconn con su fallido proyecto en Wisconsin Valley se presenta como una advertencia sobre los desafíos de atraer inversión manufacturera en los EE. UU. La promesa de la compañía de $10 mil millones y la promesa de 13,000 empleos finalmente no se cumplieron, dejando a los residentes del estado decepcionados y planteando preguntas sobre la viabilidad de los esfuerzos de reubicación de manufactura a gran escala. Este estudio de caso destaca las dificultades de navegar por los obstáculos regulatorios, los costos laborales y las limitaciones de infraestructura al intentar establecer o expandir operaciones de manufactura dentro de los EE. UU. El proyecto fallido socava la noción de que los aranceles por sí solos pueden garantizar un retorno exitoso de la manufactura al país.

El artículo explora además el contexto geopolítico más amplio de la situación arancelaria, enmarcándola como parte de una “guerra de chips” más amplia con China. La escalada de aranceles de Trump para abarcar una gama más amplia de países, incluidos México, Canadá y otros, demuestra una estrategia comercial más agresiva destinada a remodelar las cadenas de suministro globales. El artículo señala la ironía de que Trump desmantelara la Ley CHIPS de la era Biden mientras simultáneamente daba la bienvenida a la inversión de $100 mil millones de TSMC en Arizona, ilustrando un cambio de política que prioriza las ganancias a corto plazo sobre la planificación estratégica a largo plazo. El artículo sugiere que la naturaleza impredecible de la política estadounidense crea un entorno desafiante para las empresas tecnológicas que buscan maximizar las operaciones y las ganancias.

La discusión luego se centra en las implicaciones financieras de la situación arancelaria, con el artículo sugiriendo que la incertidumbre que rodea a los aranceles puede conducir a la volatilidad del mercado de valores. El autor especula que los inversores astutos podrían potencialmente beneficiarse de estas fluctuaciones, destacando la naturaleza especulativa de la respuesta del mercado a las noticias relacionadas con los aranceles. Esta perspectiva agrega una capa de cinismo al análisis, sugiriendo que incluso en medio de la disrupción económica, existen oportunidades de ganancia financiera.

El artículo concluye examinando el potencial de Foxconn para prosperar a pesar de los desafíos planteados por el entorno comercial actual. El fuerte crecimiento de los ingresos por ensamblaje de servidores de la compañía en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por el éxito de empresas de IA de nivel medio como DeepSeek, sugiere que está bien posicionada para beneficiarse de la demanda continua de hardware relacionado con la IA. El autor enfatiza que incluso las empresas con un historial menos que estelar en la manufactura estadounidense pueden encontrar el éxito en el clima actual, destacando la adaptabilidad y la resiliencia de la industria electrónica global. El pensamiento final subraya la noción de que las empresas mercenarias como Foxconn, independientemente de su desempeño pasado, probablemente se beneficiarán del turbulento panorama comercial, lo que demuestra las complejidades de navegar por un mundo de aranceles fluctuantes y tensiones geopolíticas.

La industria tecnológica enfrenta la estrategia arancelaria impredecible de Trump, generando preocupación y considerando algunas empresas trasladar su manufactura a EE. UU., a pesar de fracasos previos. Aunque los aranceles buscan proteger industrias nacionales y abordar la manipulación del mercado, también arriesgan aumentar costos e incertidumbre, potencialmente obstaculizando el crecimiento económico. En última instancia, navegar este complejo panorama requiere una visión a largo plazo y la disposición a adaptarse a la dinámica global cambiante.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) se enfrenta a una crisis que amenaza la capacidad de Estados Unidos para defenderse de los ciberataques. Despidos masivos, un liderazgo débil y nuevas restricciones de la administración Trump están paralizando la agencia, socavando su capacidad para proteger la infraestructura crítica y responder a las crecientes amenazas de adversarios extranjeros y bandas de ransomware.

La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA), un componente crucial de la defensa cibernética del gobierno de EE. UU., se enfrenta a una grave crisis derivada de despidos masivos, un liderazgo débil y políticas restrictivas, lo que socava significativamente su capacidad para proteger a la nación de las crecientes amenazas cibernéticas. La agencia, establecida en 2018 para reforzar la ciberseguridad nacional, se ha forjado constantemente una reputación como un recurso no partidista para la financiación, la orientación y el apoyo defensivo directo a ciudades, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que se enfrentan a ciberataques. Sin embargo, esta reputación y la eficacia operativa ahora están gravemente en peligro, según entrevistas con siete empleados de la CISA y otra persona familiarizada con el asunto, todos los cuales solicitaron el anonimato para evitar represalias. La situación actual amenaza no solo la seguridad nacional, sino también las perspectivas económicas de Estados Unidos.

El núcleo de la actual situación de la CISA reside en una drástica reducción de su plantilla. Las estimaciones sugieren que la agencia ha perdido entre 300 y 400 empleados, aproximadamente el 10 por ciento de su plantilla de 3.200 personas, a través de despidos y el programa de dimisión diferida de la Oficina de Gestión de Personal. Esta pérdida afecta de manera desproporcionada al personal clave, incluidos los contratados a través del Sistema de Gestión del Talento en Ciberseguridad (CTMS), un programa diseñado para atraer a expertos con salarios competitivos. El programa CTMS, aunque tenía la intención de reforzar el grupo de talentos de la CISA, creó inadvertidamente una vulnerabilidad, ya que los empleados en período de prueba contratados a través de este sistema eran más susceptibles a los despidos. En particular, incluso los trabajadores gubernamentales de larga data que se transfirieron a puestos de CTMS para adquirir habilidades especializadas también se vieron afectados. El éxodo incluye figuras prominentes como Kelly Shaw, que supervisó un servicio vital de detección de amenazas para los operadores de infraestructura crítica; David Carroll, que dirigió la División de Ingeniería de Misión; y Duncan McCaskill, director técnico de Carroll. “Hemos tenido una gran fuga de cerebros”, declaró un empleado, lo que subraya la gravedad de la situación. Esta pérdida ha tensado a una fuerza laboral que ya se enfrenta a una escasez crítica de habilidades, lo que obliga a los empleados existentes a asumir la carga de trabajo de múltiples puestos. “La mayoría de la gente está y ha estado haciendo el trabajo de dos o más empleados a tiempo completo”, confirmó un segundo empleado.

El impacto de estas reducciones de personal se siente agudamente en áreas específicas de las operaciones de la CISA. El equipo responsable de ayudar a los operadores de infraestructura crítica a responder a los hackeos, que ya tenía poco personal incluso antes de los recientes despidos, se ha reducido aún más. Una auditoría de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno había impulsado la adición de puestos de apoyo para este equipo, pero “la mayoría de esas personas fueron despedidas”, según un tercer empleado. Si bien la rama insignia de búsqueda de amenazas de la CISA permanece en gran medida intacta, el crucial apoyo “backend” que permitió su eficacia se ha reducido. “Hay mejoras que podrían hacerse a las herramientas que están utilizando”, explicó un empleado. “Pero con menos personas desarrollando esas mejoras, ‘vamos a empezar a tener sistemas anticuados’”. Esta situación se extiende a las asociaciones de la CISA, que son esenciales para comprender y contrarrestar las amenazas en evolución. Los viajes internacionales se han congelado, lo que requiere aprobaciones de alto nivel incluso para las comunicaciones en línea con socios extranjeros, lo que dificulta la colaboración con las agencias cibernéticas de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La comunicación interna dentro de la agencia también se ha restringido, lo que requiere permisos especiales para las conversaciones de rutina entre el personal de la CISA y los altos funcionarios de otras agencias federales, lo que ralentiza el trabajo crítico.

Más allá de los desafíos internos, las asociaciones externas de la CISA se han visto afectadas significativamente. Las empresas dudan en compartir información con la agencia e incluso en utilizar sus servicios gratuitos de supervisión de ataques debido a las preocupaciones derivadas de una violación de seguridad que involucró al grupo conocido como DOGE. “Existe una preocupación avanzada sobre todos nuestros servicios que recopilan datos confidenciales”, declaró un empleado. La Colaborativa Conjunta de Defensa Cibernética (JCDC), un centro de alto perfil de cooperación entre el gobierno y la industria, está luchando por escalar sus operaciones. Si bien actualmente trabaja con más de 300 empresas privadas, la unidad tiene como objetivo agregar cientos más, pero ha enfrentado dificultades para hacerlo, exacerbadas por los recientes despidos. La destitución de Geoff Hale, que dirigió el equipo de elecciones y luego se desempeñó como jefe de asociaciones en la JCDC, complicó aún más las cosas. La situación actual ha provocado una disminución de la moral dentro de la agencia, y los empleados temen discutir ciertos temas públicamente. “Nadie va a hablar de seguridad electoral en este momento”, señaló un empleado.

El liderazgo de la directora interina de la CISA, Bridget Bean, ha sido criticado por exacerbar los problemas de la agencia. Los empleados la describen como una comunicadora ineficaz que prioriza complacer a la administración actual, incluso a expensas de defender la misión de la agencia. Sus acciones, como instruir al personal para que respondiera a un correo electrónico de Elon Musk antes de que se finalizara un enfoque en todo el departamento, han sido recibidas con críticas. Las reuniones en el ayuntamiento han revelado una percibida falta de autenticidad y una voluntad de implementar políticas sin considerar su impacto en la fuerza laboral. El mandato de regreso a la oficina también ha creado desafíos operativos, con espacio insuficiente en las oficinas de la CISA para los contratistas que apoyan al personal de la agencia, lo que dificulta la colaboración y las discusiones técnicas. Los procesos de evaluación de la agencia y la implementación de “medidas de eficiencia” han añadido aún más carga a los empleados, creando un clima de incertidumbre y ansiedad.

El entorno actual ha fomentado una sensación de miedo e incertidumbre entre los empleados de la CISA. La amenaza de nuevos recortes se cierne sobre ellos, y la capacidad de la agencia para cumplir su misión se ve cada vez más comprometida. La posibilidad de una escalada de tensiones con las naciones adversarias podría exacerbar aún más la situación, lo que podría conducir a un aumento de los ciberataques. Expertos como Nitin Natarajan, subdirector de la CISA durante la administración Biden, advierten que debilitar a la agencia impactará negativamente en la capacidad de la nación para proteger la infraestructura crítica y salvaguardar las vidas estadounidenses. La confluencia de reducciones de personal, desafíos de liderazgo y políticas restrictivas ha creado una crisis que amenaza la base misma de la capacidad de la CISA para defender a la nación del panorama en constante evolución de las amenazas cibernéticas.

La capacidad de CISA para proteger a EE. UU. de amenazas cibernéticas está gravemente comprometida por despidos masivos, un liderazgo débil que prioriza agendas políticas y restricciones en la comunicación y las asociaciones. La moral se desploma, el personal clave se marcha y los programas vitales se atrofian, dejando a la nación vulnerable. La situación exige atención inmediata para restaurar la efectividad de CISA y salvaguardar la seguridad nacional; es hora de actuar.

La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos (CISA) se enfrenta a una crisis. Recortes masivos de personal, un liderazgo débil y nuevas restricciones están socavando gravemente la capacidad de la agencia para proteger a Estados Unidos de los ciberataques, lo que está impactando la seguridad nacional y la estabilidad económica. Este artículo examina la agitación interna en CISA y sus posibles consecuencias para la nación.

La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), un componente crítico de la defensa del gobierno estadounidense contra las amenazas cibernéticas, se enfrenta a una grave crisis derivada de despidos masivos, liderazgo débil y políticas restrictivas. Esta agitación está socavando significativamente la capacidad de la agencia para proteger a Estados Unidos contra adversarios extranjeros y ataques de ransomware, poniendo en peligro la seguridad nacional y las perspectivas económicas. El problema central es un colapso sistémico dentro de CISA, impulsado por acciones originadas en la administración Trump, creando un clima de miedo, inestabilidad y eficacia disminuida.

La consecuencia inmediata de estas acciones es una reducción significativa en la fuerza laboral de CISA, estimada entre 300 y 400 empleados – aproximadamente el 10% de sus 3.200 empleados. Esta pérdida es particularmente dañina porque muchos de los que se marchan fueron contratados a través del Sistema de Gestión del Talento Cibernético (CTMS), un programa diseñado para atraer expertos con salarios competitivos. El programa CTMS, si bien tenía como objetivo reforzar las capacidades de CISA, inadvertidamente creó un grupo de empleados en período de prueba susceptibles a despidos. Personal clave, incluyendo a Kelly Shaw (quien supervisaba un servicio vital de detección de amenazas), David Carroll (quien lideraba la División de Ingeniería de Misiones) y Duncan McCaskill (director técnico), todos se han marchado, resultando en lo que un empleado describe como una “fuga de cerebros muy grande”. Esta fuga ha exacerbado una ya existente “escasez de habilidades críticas”, obligando al personal restante a asumir la carga de trabajo de múltiples puestos. Por ejemplo, el equipo responsable de ayudar a los operadores de infraestructura crítica a responder a los ataques informáticos, previamente reforzado después de una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, ha visto esos refuerzos “terminados”, dejando al equipo crónicamente con personal insuficiente.

El impacto se extiende más allá de las simples reducciones de personal; está entrelazado con cambios operativos restrictivos y una percepción de falta de apoyo del liderazgo. Los viajes internacionales se han congelado, requiriendo aprobaciones de alto nivel incluso para las comunicaciones en línea con socios extranjeros. Esto obstaculiza severamente la colaboración de CISA con aliados clave dentro de la red “Five Eyes” (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido). La comunicación interna también se ha visto obstaculizada; las conversaciones rutinarias entre los empleados de CISA y los funcionarios de alto nivel de otras agencias federales ahora requieren permisos especiales, ralentizando el trabajo crucial. Las empresas son reacias a compartir información sensible con CISA, temiendo posibles violaciones de datos tras el enjambre de ransomware en los ordenadores de la agencia, limitando aún más la capacidad de la agencia para comprender y contrarrestar las amenazas en evolución. Suzanne Spaulding, quien lideró la precursora de CISA durante la administración Obama, enfatiza la urgencia, afirmando: “Necesitamos a todos a bordo y enfocados, no traumatizados y distraídos”.

El Colaborativo de Defensa Cibernética Conjunta (JCDC), un pilar de la cooperación gobierno-industria de CISA, también está luchando por mantener su impulso. Si bien el JCDC actualmente trabaja con más de 300 empresas privadas, tiene como objetivo agregar cientos más. Sin embargo, los recientes despidos y los procesos congelados han obstaculizado este esfuerzo de ampliación. Los contratos de soporte de proveedores del JCDC vencen en menos de un año, y la incapacidad de CISA para buscar nuevos acuerdos complica aún más la situación. El JCDC enfrenta una pregunta precaria: cómo asignar recursos de manera efectiva sin sacrificar la visibilidad del panorama de amenazas, potencialmente pasando por alto a empresas más pequeñas cuya tecnología es vital para las industrias estadounidenses.

La misión de CISA en la promoción de software seguro y la utilización de inteligencia artificial también se ve significativamente comprometida. La agencia ha perdido a tres luminarias técnicas que supervisaban el trabajo de seguridad de código abierto, un desafío crítico dado el frecuente aprovechamiento de software mal mantenido. De manera similar, los esfuerzos de CISA para aprovechar la IA para la detección de vulnerabilidades y el monitoreo de redes se han visto severamente reducidos por la salida de aproximadamente el 50% del personal experto en IA de la agencia, incluido la jefa de IA de la agencia, Lisa Einstein, y el cierre de su oficina. Se canceló abruptamente un plan de delegación de personal de DHS y CISA sobre IA a una cumbre de IA en París, lo que destaca la magnitud de la disrupción.

El liderazgo actual, Bridget Bean, directora interina de CISA, es una fuente de considerable frustración entre los empleados. La describen como ansiosa por complacer a la administración Trump, incluso a expensas de defender la agencia. Los empleados alegan que Bean implementa directivas sin considerar su impacto en la misión de CISA y ha creado un clima de miedo y desconfianza. Ha sido criticada por su falta de liderazgo, comunicación ineficaz y por supuestamente instruir al personal para que respondiera a una directiva de Elon Musk antes de que DHS hubiera finalizado su enfoque departamental en todo el país. Sus acciones, junto con un mandato de regreso a la oficina que ha creado limitaciones de espacio y ha obstaculizado la colaboración, han erosionado aún más la moral y la productividad.

Las consecuencias de estas disrupciones se extienden más allá de las ineficiencias operativas; han creado una cultura de miedo y autocensura dentro de CISA. Los empleados dudan en discutir temas sensibles, particularmente la seguridad electoral, en foros públicos, temiendo represalias por parte de la administración. La remoción de Geoff Hale, quien previamente lideró el equipo de elecciones, y su posterior puesta en licencia administrativa, han exacerbado aún más el clima de incertidumbre. La aparente voluntad de la administración para castigar la disidencia ha fomentado una sensación de paranoia y ha desalentado la comunicación abierta, obstaculizando la capacidad de la agencia para abordar eficazmente las amenazas emergentes.

Las implicaciones a largo plazo de estas acciones son profundamente preocupantes. Si las tensiones con los adversarios extranjeros escalan, el estado debilitado de CISA podría dejar a la nación vulnerable a devastadores ciberataques. Nitin Natarajan, subdirector de CISA durante la administración Biden, advierte que los recortes en la misión cibernética de CISA impactarán negativamente la capacidad de la nación para proteger las redes gubernamentales federales y las que dependen de ellas los estadounidenses. La trayectoria actual sugiere una disminución significativa en las capacidades de CISA, potencialmente dejando a la nación peligrosamente expuesta a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.

La CISA enfrenta una crisis debido a despidos masivos, políticas restrictivas y un liderazgo percibido como priorizando la complacencia política sobre su misión principal, debilitando gravemente su capacidad para defenderse de las ciberamenazas. Esta situación pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad económica al interrumpir programas vitales y provocar la pérdida de personal experimentado, dejando al país vulnerable. Se requiere atención inmediata y un renovado compromiso con el papel crucial de la CISA en la protección de la infraestructura digital estadounidense.

El embajador de China ante la Unión Europea, Lu Shaye, ha criticado públicamente la política exterior de la administración Trump hacia Europa, describiéndola como “atroz” y “dominante”. Esta declaración, realizada al margen de una conferencia política, se produce en medio de las discusiones en curso sobre posibles soluciones de paz para la crisis ucraniana. Lu Shaye contrastó el enfoque diplomático de China – que caracterizó como pacífico y cooperativo – con el de EE. UU., y enfatizó la necesidad de un esfuerzo internacional más amplio para resolver el conflicto, incluida la participación activa de las naciones europeas, en lugar de una solución dictada únicamente por EE. UU. y Rusia.

El embajador de China ante la Unión Europea, Lu Shaye, ha criticado públicamente el enfoque de la política exterior de la administración Trump hacia Europa, caracterizándolo como “descarado y dominante” y “bastante lamentable” desde el punto de vista europeo. Esta evaluación, realizada al margen de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPCC), representa una importante apertura diplomática destinada a posicionar a China como un socio más fiable para las naciones europeas. Lu destacó específicamente el trato percibido como irrespetuoso hacia los aliados bajo la presidencia de Trump, contrastando implícitamente con el compromiso declarado de China con la “paz, la amistad, la buena voluntad y la cooperación beneficiosa para todos”. Esta crítica no es simplemente retórica; es parte de una estrategia más amplia para aprovechar el descontento europeo con la política exterior estadounidense pasada para fortalecer la influencia de China en el continente.

Profundizando en las percepciones de deficiencias del enfoque de la administración Trump, Lu Shaye señaló un patrón de toma de decisiones unilaterales y un desprecio por los intereses de los aliados de larga data. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Europa, alegando preocupaciones de seguridad nacional, a pesar de las objeciones de los líderes europeos. Esta acción, implementada sin una consulta previa sustancial, tensó las relaciones transatlánticas e impulsó medidas de represalia de la UE. De manera similar, la retirada abrupta de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní (JCPOA) en 2018, un acuerdo multilateral respaldado por las potencias europeas, fue ampliamente criticada en Europa como desestabilizadora y contraproducente. Estos casos, entre otros, fomentaron una sensación de desconfianza e incertidumbre con respecto al compromiso de Estados Unidos con la seguridad colectiva y la cooperación internacional. Los comentarios del embajador tocan directamente estas ansiedades existentes, sugiriendo que China ofrece una asociación más predecible y respetuosa.

Más allá de las quejas específicas sobre las políticas de la administración Trump, las declaraciones de Lu Shaye subrayan la ambición más amplia de China de desempeñar un papel más destacado en la resolución de la crisis en curso en Ucrania. Declaró explícitamente que una paz duradera no puede ser determinada únicamente por Estados Unidos y Rusia, enfatizando la necesidad de incluir a todas las partes relevantes, particularmente a las naciones europeas, en cualquier proceso de paz. Esta posición desafía el enfoque tradicionalmente centrado en Estados Unidos en materia de seguridad europea, abogando por una solución más multipolar. La insistencia del embajador en una “discusión equitativa” de las soluciones propuestas es una clara indicación de que China busca evitar un escenario en el que los términos de la paz sean dictados por potencias externas, socavando potencialmente la soberanía y la capacidad de agencia de los estados europeos. Esta postura se alinea con los esfuerzos diplomáticos más amplios de China para presentarse como un mediador neutral y un defensor del multilateralismo.

El énfasis en la inclusión en el proceso de paz ucraniano no es simplemente una cuestión de principio para China; refleja un cálculo estratégico destinado a impulsar su propia influencia en la región. Al posicionarse como un facilitador del diálogo y un defensor de los intereses europeos, China busca obtener ventajas en la configuración de la futura arquitectura de seguridad de Europa. Los comentarios del embajador critican implícitamente los esfuerzos liderados por Estados Unidos para aislar a Rusia e imponer sanciones, sugiriendo que se necesita un enfoque más integral que involucre negociaciones directas con todas las partes. Esta perspectiva resuena con ciertas voces europeas que han expresado preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las sanciones y el potencial de escalada. Además, los lazos económicos de China con Rusia y Ucrania le brindan canales únicos de comunicación y posible mediación. En 2023, el comercio entre China y Rusia alcanzó un récord de más de 240 mil millones de dólares, lo que demuestra la significativa interdependencia económica entre los dos países. De manera similar, las inversiones de China en Ucrania, particularmente en proyectos de infraestructura, le brindan una participación en la estabilidad y la reconstrucción del país.

Es importante tener en cuenta que el compromiso declarado de China con la “paz, la amistad, la buena voluntad y la cooperación beneficiosa para todos” ha sido recibido con escepticismo por algunos observadores, particularmente a la luz de sus estrechos lazos económicos y políticos con Rusia. Los críticos argumentan que la neutralidad de China es cuestionable, dada su apoyo tácito a las acciones de Rusia en Ucrania y su negativa a condenar la invasión. Además, se han planteado preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de China y su política exterior asertiva en el Mar de China Meridional, que algunos consideran incompatible con su compromiso declarado de cooperación pacífica. Sin embargo, las declaraciones de Lu Shaye representan un intento deliberado de contrarrestar estas críticas y presentar a China como un socio más responsable y fiable para las naciones europeas. Al destacar las percepciones de deficiencias en la política exterior estadounidense pasada y abogar por un enfoque más inclusivo de la crisis ucraniana, China busca cultivar una imagen más favorable y fortalecer su influencia en el continente europeo. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de China para demostrar un compromiso genuino con la cooperación pacífica y abordar las preocupaciones planteadas por los líderes europeos.

El enviado de China ante la UE, Lu Shaye, criticó las políticas “descaradas y dominantes” de la administración Trump hacia Europa, calificándolas de “atroces” desde una perspectiva europea y contrastándolas con el énfasis de China en la “paz, la amistad y la cooperación ganar-ganar”. También destacó que una paz duradera en Ucrania requiere la participación de todas las partes relevantes, no solo de EE. UU. y Rusia, y que las soluciones deben discutirse de manera equitativa.

En última instancia, los comentarios del enviado sugieren un posicionamiento estratégico por parte de China para presentarse como un socio más fiable para Europa en medio de la percepción de presión estadounidense, y un llamamiento a un enfoque global más inclusivo para la resolución de conflictos. Un análisis más profundo de las estrategias diplomáticas en evolución de China en Europa podría revelar implicaciones más amplias para las relaciones internacionales.

Techdirt, una publicación de larga trayectoria centrada en la intersección de la tecnología, la ley y la política, argumenta que se ha convertido cada vez más en un “blog de democracia” debido al desmantelamiento sistemático de instituciones cruciales para la innovación y el diálogo abierto en Estados Unidos. El autor sostiene que los acontecimientos actuales – particularmente las acciones de figuras como Elon Musk y Donald Trump – no son sucesos políticos aislados, sino un esfuerzo coordinado para socavar los cimientos de la democracia estadounidense, un patrón que han observado y documentado durante años dentro de la industria tecnológica. Este cambio exige un enfoque más amplio de las amenazas a las instituciones democráticas, incluso si eso significa aventurarse más allá de la cobertura “tecnológica” tradicional.

El argumento central que se presenta es que el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas estadounidenses, junto con la concentración sin precedentes de poder en manos de figuras como Elon Musk, ha alterado fundamentalmente el panorama del periodismo tecnológico, transformándolo efectivamente en un componente crítico de la defensa de la democracia en sí misma. Esto no es simplemente un cambio político en la cobertura; es el reconocimiento de que los sistemas fundamentales que posibilitan la innovación, las libertades civiles y el diálogo abierto están bajo ataque directo, lo que convierte todos los demás temas de política tecnológica en secundarios.

Inicialmente, el autor reconoce un cambio de enfoque, provocado por preguntas de los lectores sobre la cobertura cada vez más política de Techdirt. Sin embargo, este no es un movimiento voluntario hacia un territorio partidista, sino una respuesta necesaria a una crisis. El autor enmarca esto como la observación de un “manual” – un patrón de aprovechamiento de la tecnología y las lagunas legales para consolidar el poder, previamente presenciado en el contexto de las prácticas de la industria tecnológica, que ahora se está implementando a nivel nacional. El ejemplo de las acciones de Musk en Twitter es central: la adquisición en sí misma, seguida de la prohibición de periodistas y demandas contra investigadores, se presentan como indicadores claros de este patrón. Esto no se trata simplemente de una sola empresa; se trata de una metodología para eludir las salvaguardias institucionales y enmascarar la toma de poder bajo la apariencia de “innovación”.

Se establece una distinción clave entre la cobertura de los periodistas políticos tradicionales y la de los periodistas especializados en tecnología y derecho. El periodismo político se caracteriza como un enfoque de “vista desde ninguna parte” – centrándose en “los demócratas dicen esto, los republicanos dicen aquello” sin profundizar en los mecanismos subyacentes del poder. Los periodistas especializados en tecnología y derecho, por el contrario, se posicionan como los únicos capacitados para comprender las implicaciones de estas acciones debido a sus años de experiencia documentando cómo la tecnología puede utilizarse tanto para fines positivos como negativos. La prohibición de TikTok sirve como un ejemplo principal. Mientras que los periodistas políticos se centraron en los beneficios partidistas, los periodistas especializados en tecnología y derecho destacaron el potencial de la legislación para debilitar las protecciones de seguridad y socavar décadas de trabajo para promover una internet abierta. Esto ilustra una diferencia fundamental en la profundidad analítica y la comprensión de los riesgos involucrados.

El autor enfatiza aún más la importancia de reconocer patrones. El caso de Brendan Carr, un Comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones repetidamente descrito por los medios tradicionales como un “guerrero de la libertad de expresión” basándose en la etiqueta de Donald Trump, se presenta como un ejemplo claro de información engañosa. Los expertos en política tecnológica, sin embargo, reconocen las acciones de Carr como un intento activo de controlar la expresión bajo la apariencia de defender la libertad de expresión. Esto subraya el peligro de aceptar las afirmaciones al pie de la letra y la necesidad de un análisis crítico. El autor señala un patrón de individuos que “envuelven hábilmente esto en un lenguaje engañoso sobre la libertad de expresión”, una táctica fácilmente identificable por aquellos familiarizados con el manual de la industria. Esto destaca la importancia del contexto y la comprensión histórica para informar con precisión sobre estos eventos.

La situación actual se describe como particularmente alarmante porque se desvía de los patrones establecidos de colapso democrático. Típicamente, tales colapsos involucran pasos predecibles relacionados con el ejército o los tribunales. Sin embargo, la crisis actual se caracteriza como un “híbrido extraño” de toma de poder por parte de la industria tecnológica y una erosión más tradicional de las instituciones democráticas. Esto la hace particularmente peligrosa y difícil de predecir. Steven Levitsky, autor de *Cómo mueren las democracias*, es citado reconociendo que la velocidad y el alcance del colapso institucional de Estados Unidos han superado sus peores predicciones. El autor señala específicamente la concentración sin precedentes de poder político, económico y tecnológico en manos de Elon Musk y su “círculo de leales ejecutores” como un factor clave en este colapso.

El autor expresa una perspectiva pesimista, afirmando: “Estamos bastante perdidos”. Una preocupación significativa es la inesperada debilidad del Partido Republicano, que ha ofrecido poca resistencia a la usurpación de poder por parte del poder ejecutivo. El autor señala que la relativa inacción del Congreso es “realmente sorprendente”. Esta falta de oposición exacerba la crisis y permite que el desmantelamiento de las instituciones democráticas continúe sin control. El papel de Musk también se destaca como particularmente inesperado. El autor señala que nadie anticipó la magnitud de su influencia y el “elemento de frontera tecnológica” a esta crisis. La concentración de poder político, económico y mediático en sus manos se describe como “algo que realmente no tengo un modelo para entender”.

El autor reitera el papel crucial del periodismo tecnológico en la comprensión de esta crisis. Habiendo pasado décadas documentando la interacción entre la tecnología y las instituciones democráticas, los periodistas tecnológicos están en una posición única para identificar los peligros del poder concentrado y los mecanismos de control. Entienden que la innovación no ocurre en el vacío, sino que se basa en una compleja red de instituciones – tribunales, universidades, sistemas financieros y una economía estable. El autor advierte que los partidarios de la administración actual en la industria tecnológica han “interpretado catastóficamente la situación”, creyendo que menos regulación o políticas más “favorables a las empresas” superarían los peligros de destruir el marco institucional que posibilita la innovación.

El autor enfatiza que el desmantelamiento de la democracia está sucediendo abiertamente, con aquellos responsables que “te dicen exactamente lo que van a hacer” con frecuencia. Esta desfachatez subraya la urgencia de la situación. El autor señala el ejemplo de las afirmaciones iniciales de Musk sobre la protección de la libertad de expresión en Twitter, seguido de acciones que contradicen directamente esas afirmaciones, como una clara ilustración de este patrón. El autor advierte además que la “teoría del gran hombre” de la innovación – la falsa creencia de que los cambios revolucionarios provienen únicamente de genios solitarios – está impulsando esta destrucción, ignorando la importancia de los sistemas abiertos, las perspectivas diversas y las instituciones estables.

El autor reconoce la frustración de no poder cubrir todas las historias que normalmente cubriría Techdirt, pero insiste en que el desmantelamiento de las instituciones estadounidenses es “la única historia que importa en este momento”. Esto no es simplemente un ciclo político o un debate de políticas, sino un esfuerzo organizado para destruir los sistemas que han hecho posible la innovación estadounidense. El autor concluye reiterando la importancia de comprender la interacción entre la tecnología y el poder, y la necesidad de voces dispuestas a conectar estos puntos y denunciar estas amenazas, incluso si eso significa desafiar las narrativas establecidas y enfrentar la oposición de aquellos en el poder. El autor enmarca esto como un momento crítico, donde el futuro de la innovación estadounidense está en juego.

Techdirt argumenta que la desmantelación de las instituciones democráticas estadounidenses, liderada por figuras como Trump y Musk, no es meramente un problema político sino una amenaza sistémica a los cimientos de la innovación misma. Los medios tradicionales a menudo no perciben los patrones cruciales observados por aquellos familiarizados con la interacción entre la tecnología y el poder, sin lograr reconocer la erosión deliberada de las salvaguardias y la concentración del control. El autor sostiene que esta crisis exige atención urgente e información clara, ya que la estabilidad de las instituciones – tribunales, universidades, un internet libre – es esencial para una economía de la innovación próspera. Apoyar el periodismo independiente capaz de conectar estos puntos es vital, ya que el futuro de la innovación estadounidense está inextricablemente ligado a la preservación de la democracia.

Se recomienda explorar *Cómo mueren las democracias* de Steven Levitsky para una comprensión más profunda de las señales de advertencia y los mecanismos del colapso democrático.